El Gobierno de Colombia se entrega a las FARC: dinero, impunidad y una guardia personal para los narcos

El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) termina con 50 años de guerra pero el precio que deberá pagar la sociedad colombiana por la paz propiciada por Juan Manuel Santos será altísimo.

Santos ha entregado este jueves a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes el texto completo del acuerdo de paz, con casi 300 páginas, y la ley sobre el plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre para que los colombianos ratifiquen o rechacen lo pactado.

El Gobierno colombiano ha asegurado que «la guerra es más cara que la paz» para justificar el importante desembolso económico que realizará para compensar a las FARC. Hay que tener en cuenta que, aunque se han dado a conocer las cifras de lo que percibirá cada miembro del grupo terrorista, se desconoce por completo la cifra real de combatientes por lo que el presupuesto deberá ser estirado como el chicle.

Y es que el Gobierno de Santos ha prometido que cada miembro de las FARC que abandone la lucha percibirá de entrada 600€, a los que hay que añadir una paga de 200€ (90% del salario mínimo) que ingresarán durante dos años prorrogables, durante los cuáles también el Estado financiará los pagos a la Seguridad Social. Además, los excombatientes que decidan iniciar un proyecto de negocio percibirán una ayuda de 2.400€.

A esta partida presupuestaria debe añadirse que el Estado colombiano entregará a las FARC durante los próximos seis años el 15% de todo lo presupuestado para los partidos políticos, para que puedan maquillar su organización convirtiéndola en un partido político más. Durante los siguiente cuatro años esa cifra se reducirá al 10%.

Sin duda, el capítulo más polémico del acuerdo tiene que ver con el esclarecimiento de los crímenes y las penas a las que se enfrentarán sus autores. Directamente el Gobierno «renuncia al ejercicio de la acción penal». Como ha explicado el fiscal general de Colombia, los combatientes que aporten toda la verdad sobre sus crímenes desde el principio de enfrentarán a «restricciones de sus derechos y libertades», los que lo hagan tardíamente serán castigados con privaciones de entre cinco y ocho años, y los que se nieguen a confesar podrán ser condenados a hasta 20 años de cárcel.

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que «castigar a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado», por lo que ha instado al Gobierno a corregir estos «graves defectos». En la misma línea, Amnistía Internacional ha advertido de que la justicia transicional arroja «serias dudas» sobre si efectivamente se garantizarán los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no reparación que el Derecho Internacional reconoce a las víctimas.

Los guerrilleros que se integren en las fuerzas políticas resultantes de las FARC verán como sus datos y los de sus familiares son literalmente borrados de los ficheros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de las agencias de inteligencia.

«El Gobierno nacional impulsará las medidas necesarias a objeto de depurar de los bancos de datos de las centrales de inteligencia y seguridad, los nombres e información relativa a las y los integrantes de organizaciones de derechos humanos, integrantes de la oposición, y de la y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus familiares, cuando estén incluidos, por el solo hecho de serlos». [Página 87 del acuerdo]

La rendición total de las FARC no llegará a ser completa por otro de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el grupo narcoterrorista. En concreto, en la página 248 del texto, se describe el proceso de entrega de armas, que se almacenarán en sitios a convenir por los guerrilleros con el Ejército. Todo el armamento se dispondrá en unos contenedores cuya ubicación conocerán tanto militares como guerrilleros, de hecho, se ha dispuesto un sistema de doble cierre para proteger las armas y se entregará una llave a un mando militar colombiano y otra a un mando de las FARC designado por éstas.

Por último, el Gobierno colombiano creará un Cuerpo de Seguridad y Protección integrado «por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad legal» y cuya naturaleza, en coordinación de la Policía Nacional, será la de proteger a los integrantes del nuevo movimiento político, a sus familias y a los exguerrilleros que dieran el salto a la vida civil. Una especie de guardia pretoriana que también será financiada por todos los colombianos.