La fiscal general dice que Venezuela ya «no es un Estado de Derecho, sino un Estado policial»

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha alegado que no le ha quedado otra opción que «denunciar la ruptura del orden constitucional» en el país sudamericano y ha asegurado que, en vista de los acontecimientos de los últimos meses, Venezuela no es un Estado de Derecho sino un «Estado policial».

Ortega ha recrudecido sus críticas contra la dictadura de Nicolás Maduro y otras estructuras ‘chavistas’ a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amagaban con dejar sin poderes a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. «Mi rol constitucional me obliga a ser garante de los derechos de los ciudadanos», ha explicado en una entrevista al diario peruano El Comercio.

En este sentido, ha asegurado que las recientes sentencias del TSJ, matizadas ‘a posteriori’, «aniquilan, desconocen, violentan» el modelo constitucional del país sudamericano. El tribunal, ha añadido, «ha venido desmantelando el Estado de Derecho erigiéndose en una especia de corte totalitaria que interpreta y manipula a su antojo y, bajo sus intereses políticos, lo que establece la Carta Magna».

Ortega ha lamentado la «subordinación» del Poder Judicial a la «lógica policiaca y represiva» y ha afirmado que son los servicios secretos quienes «dictan las líneas» a la Justicia. «Esto no es un Estado de Derecho, es un Estado policial», ha añadido la fiscal, que se enfrenta a la posibilidad de ser destituida por las instituciones a las que critica.

Uno de los principales reproches de Ortega tiene que ver con la Asamblea Constituyente promovida por Maduro, un procedimiento «totalmente inconstitucional» en opinión de la responsable del Ministerio Público. Ortega ha apuntado que, «de consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia», entre otras razones porque «no va a resolver la crisis» que sufren los venezolanos en su día a día.

«Imponer la Constituyente es un error y puede abrir las puertas de más violencia. No se debe usar para que un sector aniquile o arrase al resto del país», ha añadido, en alusión a los más de 70 muertos que ha dejado la ola de protestas y violencia.

Aspiraciones políticas

Ortega ha salido al paso de las especulaciones sobre un posible ascenso político y ha alegado en la entrevista que sólo quiere «defender la actual Constitución y los derechos de la ciudadanía». «Mi proceder está ajustado a la Constitución y las leyes», ha defendido.

La fiscal ha señalado que no quiere «caer en provocaciones» pero sí que ha querido advertir de los riesgos que corre: «Si me ocurriera algo a mí o a mis familiares, responsabilizo al Gobierno».