La ‘vuelta al cole’ del Ministerio de Celaá acaba en la Audiencia Nacional

Tras multitud de reuniones entre el Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá y las comunidades autónomas para acordar el fin de curso y la ‘vuelta al cole’ tras el verano, la regulación de ambos hechos ha acabado en la Audiencia Nacional.

El PP ha presentado un recurso contra la orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional que regula el fin del curso escolar y el inicio del siguiente en el marco de la crisis de la pandemia del coronavirus y la Audiencia Nacional lo ha admitido a trámite.

Así lo ha anunciado este lunes la vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa, junto a la ex ministra de Sanidad y vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, para informar de la reunión que ha presidido Pablo Casado con el grupo de trabajo de Sanidad.

Cautelarísima rechazada

Previamente, el pasado 20 de mayo el Alto Tribunal había rechazado suspender la orden en una medida cautelarísima solicitada por el PP, «por razones de especial urgencia», al entender que no concurre ese requisito de urgencia.

El PP ha recurrido la norma por considerar que crea agravio entre comunidades autónomas, por «conculcar la Ley Orgánica de Educación al establecer la promoción como norma general», «vaciar de contenido a través de un reglamento un precepto legal que desarrolla un derecho fundamental» y por «violar el artículo 6 de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio».

En su comparecencia, la dirigente ‘popular’ ha explicado que el recurso se fundamenta en que «conculca el principio esencial establecido en la legislación educativa a que establece la promoción del curso como norma general, en contra del régimen de promoción que establece la propia LOE».

Además, según ha concretado Cuca Gamarra, la orden ministerial de Educación sobre la ‘vuelta al cole’ «rompe el principio de jerarquía normativa» por ser una norma de inferior rango que modifica a una ley orgánica y sería contrario a Derecho.

Consejo de ministros

En tercer lugar, la dirigente ‘popular’ ha indicado que, «a través de una orden ministerial en un estado de alarma, se está regulando lo que le correspondería autorizar al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Parlamento.

El pasado mes de mayo el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció la interposición del citado recurso de cierre de curso y vuelta al cole’ al considerar que crea un «agravio» entre comunidades cuando todos los alumnos deben tener el mismo tratamiento vivan donde vivan.

A su entender, el Gobierno de Pedro Sánchez se «lava las manos» con la educación en medio de la crisis del coronavirus.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció a finales de abril que con carácter general la vuelta al curso escolar sería en septiembre, aunque contempla la apertura excepcional de algunos centros para conciliar la vida familiar y la laboral y para realizar la Ebau a partir de la fase 2 de la desescalada planeada por el Gobierno.

Así lo reseñó Sánchez el 28 de abril en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó el Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, la desescalada tras el confinamiento que ha provocado la pandemia del coronavirus.

Septiembre

La apertura del curso escolar «será en el mes de septiembre», dijo Pedro Sánchez, pero se contemplaba la apertura excepcional de centros para la conciliación y actividades de refuerzo. Se descartaba así la posibilidad de que los estudiantes pudieran regresar al menos unos días a sus clases este curso, un anhelo que mantenía la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

Explicó que «si se plantea una vuelta a la normalidad, existirán problemas de conciliación, porque habrá padres que vayan a trabajar y no tengan la capacidad de dejar a sus hijos con los abuelos», lo que dificultará la conciliación.

Por ello, anunció que en las distintas fases de la desescalada el Gobierno iba a plantear a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el refuerzo de todas las actividades que permitan la conciliación con el fin de establecer «determinadas excepciones para que en la fase dos aquellos niños que no tengan la presencia familiar en sus casas tengan la capacidad de poder ir a un centro escolar».