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Vox pregunta al Gobierno por los cargos a dedo y recibe siempre la misma respuesta: «Es la persona idónea»

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias bate récords en el nombramiento de cargos ‘a dedo’, a los que se exime del requisito de ser funcionarios. Numerosas direcciones generales están capitaneadas por cargos afines a ambos partidos y a sus líderes y con un currículum que, en muchas ocasiones, no guarda relación con las funciones desempeñadas. Esta cuestión ha sido objeto de una batería de preguntas por escrito al Ejecutivo, planteadas desde el Grupo Parlamentario Vox, aunque sin éxito. El Gobierno se limita a reafirmar sus nombramientos, sin aportar explicaciones. O limitándose en muchos casos a un sucinto: «Es la persona idónea».

Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 1997, los directores generales serán nombrados, a propuesta del titular del correspondiente departamento, «entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente».

La ley contempla ciertas salvedades, justificadas siempre por «las características específicas de las funciones» de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en cambio, ha convertido esa excepción en norma para eximir del requisito de ser funcionario a más de una veintena de altos cargos, colocando a afines con sus partidos e ideologías.

Algunos nombramientos fueron especialmente polémicos, como el del responsable de Derechos de los Animales, departamento de nueva creación bajo las órdenes de Podemos y que gestiona Sergio Antonio García Torres, un activo animalista, portavoz de Podemos Animalista a nivel estatal, que se declara vegano y que defiende que el hombre es «el único mamífero que le roba la leche a otra especie».

Irene Montero, por ejemplo, fichó a la histórica dirigente del movimiento LGTBI, Boti García, como directora general de Diversidad Sexual. Y al frente de la Dirección General del Instituto de la Juventud (INJUVE) se puso María Teresa Pérez, periodista de 26 años que ha realizado colaboraciones con los programas Fort Apache y Otra Vuelta de Tuerka, dirigidos y presentados por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Vox requirió información al Gobierno, a través de preguntas por escrito, sobre los méritos para la selección de estos cargos.

«Mujer de un colectivo racializado»

Por ejemplo, en el caso concreto de la directora general para la Igualdad de Trato, Rita Bosaho (Podemos), la formación de Santiago Abascal señala que «es licenciada en Historia y cursó un máster en Identidades e Integración en la Europa Contemporánea». «Su experiencia laboral se limita a varios años como técnico auxiliar sanitario», destaca el partido. Desde Vox, se apunta además a que «diversas informaciones periodísticas recogen que doña Rita Bosaho ha pedido que se despoje a los blancos de sus privilegios en la España del siglo XXI». Su sueldo, señalan, oscila entre los 80.000 y 100.000 euros «a cargo de todos los españoles». «¿Por qué para realizar estas funciones no se ha podido encontrar ningún funcionario?», se pregunta la formación. «Además de su pertenencia a Podemos y su carácter de ‘mujer perteneciente a un colectivo racializado’, ¿Qué otros méritos reúne?».

«A la persona elegida para el cargo se la considera idónea para el mismo y además, por lo que se refiere a la formación y experiencia de la titular del cargo referido, cabe señalar que figura en su curriculum, que ha sido objeto de publicación en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado», es la respuesta del Ejecutivo.

Así se repite con otros nombramientos. Sobre Teresa Pérez, del Instituto de Juventud, Vox destaca que «es una persona muy cercana» a Pablo Iglesias. «Su única experiencia profesional consiste en haber trabajado en programas presentados y dirigidos por el propio vicepresidente segundo», añade.

Sobre la directora de Diversidad Sexual, Boti García, señala que «su trayectoria ha estado definida por el compromiso con el llamado movimiento LGTBI» y que «ha ostentado cargos en diversas organizaciones vinculadas al mismo» además de «varios cargos políticos, siempre bajo el auspicio de Izquierda Unida».

En todos los casos, el Gobierno renuncia a dar explicaciones sobre estos cargos y sobre la aplicación torticera de la ley.

Estos nombramientos suscitaron el malestar entre los propios funcionarios. Desde la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) criticaron «la profusión en la utilización de estas excepciones que puede suponer la demostración de verdadera falta de interés de la clase política para construir un modelo de función pública profesional e independiente de indebidas injerencias políticas».