Vox e Iustitia Europa piden al Supremo que ataje el aumento del censo con la Ley de Nietos: «Habrá un fraude masivo»

Los partidos de Vox y de Iustitia Europa han llevado este lunes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo su ofensiva contra el disparo del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que se ha acelerado tras la entrada en vigor de la conocida como Ley de Nietos. Ambas formaciones han solicitado, en dos vistas orales celebradas esta mañana, la suspensión cautelar de las nuevas inscripciones y han alertado de que, si el proceso continúa sin control, «es un gigantesco y masivo fraude» el que se avecina en la próxima cita electoral.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, ha abierto la puerta a que los nietos de españoles que emigraron por motivos políticos o económicos logren la nacionalidad española. Esa vía ha disparado las altas en el CERA, el registro que permite votar a los españoles residentes en el extranjero.

Vox ha cifrado el aumento en cifras muy concretas ante los magistrados. Ha denunciado que, «en dos meses, 403.000 electores más, un 16 %, es anómalo, es significativo».

El propio informe de la Oficina del Censo Electoral (OCE), fechado el 10 de julio de 2026, «reconoce aumento generalizado en todos los consulados», según ha recordado el dirigente Jorge Buxadé.

Iustitia Europa, recurrente en la primera de las vistas, ha manejado un dato aún mayor: 408.000 electores nuevos. Ha explicado que 162 municipios superan el voto CERA al no CERA y que en más de 600 el porcentaje llega al 50 %. Como ejemplo extremo, ha citado un municipio de Granada, Murtas, donde hay «1.038 frente una población de 330 habitantes».

Ambos recurrentes coinciden en el peligro procesal. Iustitia Europa ha advertido de que el censo «es un censo permanente pero que es dinámico, se siguen subiendo altas y modifacaciones», de modo que cualquier sentencia «cuando llegue puede que ya no sea materialmente útil».

La irreversibilidad del voto

El argumento central de los recurrentes se apoya en el carácter secreto del sufragio. Iustitia Europa ha sostenido ante la Sala que, una vez celebrados los comicios, «no podrá reconstruir una elección» y que resulta «imposible saber cuál era el resultado de las elecciones sin el voto CERA». Vox ha ido más allá y ha preguntado directamente a los magistrados: «¿Y si convocan elecciones generales mañana?».

Vox ha insistido en que su petición es limitada. «No pedimos la nulidad de las inscripciones», ha aclarado el partido, que ha subrayado que la medida solicitada es «temporal, instrumental y reversible». El partido ha citado además un precedente: un caso de 2021 dictada por la propia Sala a raíz del recurso de un sindicato policial cuyos afiliados debían compaginar votar con una jornada de trabajo, en la que el tribunal concedió medidas cautelarísimas.

Como adelantó OKDIARIO, ha acudido la Abogacía del Estado. La letrada se ha opuesto a las dos demandas con los mismos exactos argumentos. Ha alegado que «el acuerdo impugnado no es recurrible por esta vía, es la mera respuesta a la parte actora» y ha pedido la inadmisión del recurso al entender que se trata, en realidad, de un caso de «inactividad administrativa».

El letrado de las Cortes, en representación de la Junta Electoral Central (JEC), ha defendido que el organismo «no hizo abdicación de su competencia ni renunció a ejercerla». Ha explicado que la JEC ha solicitado información adicional a la Oficina del Censo Electoral y, curándose en salud, que sus actuaciones «no han concluido», por lo que el recurso resultaría, a su juicio, prematuro.

Ha añadido que el acuerdo de la JEC cuestionado «no incorpora electores, no modifica derechos objetivos, no decide sobre expedientes concretos», sino que se limita a pedir datos técnicos.

Aumento del censo CERA

El propio presidente de la Sala ha pedido a las partes que se pronuncien de forma expresa sobre la posible inadmisibilidad del recurso, «con especial incidencia» en la tesis de la Abogacía del Estado, que sostiene que lo que en realidad se combate es una inactividad de la Administración.

Vox se ha opuesto con firmeza: «No es un derecho de petición, es un acto administrativo claro», ha respondido el partido, que ha calificado de «muy hábil» la «argucia» procesal del Estado.

El letrado de la JEC ha coincidido, en este punto, con el criterio del Ministerio Fiscal. «Coincidimos con el fiscal de que hay desconexión», ha reconocido, en referencia a la falta de vínculo directo entre el acuerdo recurrido y el perjuicio que denuncian los recurrentes.

El trasfondo del litigio tiene, además, una enjundia de calado institucional. El CERA se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y por la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, aprobada el 25 de octubre de 2022, que ha fijado los criterios para tramitar las altas derivadas de la Ley de Nietos.

Iustitia Europa ha cuestionado precisamente esos «conceptos abiertos como mayor arraigo», que, según ha denunciado, se aplican «a 400.000 personas» sin que «se haya analizado» con rigor caso por caso.

El reloj procesal aprieta. Según ha recordado Iustitia Europa, en 116 días se alcanzará el primer cierre censal previsto de cara alas elecciones autonómicas en 2027, un plazo de 120 días que la ley exige respetar antes de cualquier convocatoria. La Sala Tercera deberá decidir en las próximas horas, por tanto, si frena el proceso antes de que, como avisan los recurrentes, la sentencia llegue cuando ya no sirva de nada.

Mientras los togados deliberan en Madrid, el censo sigue creciendo consulado a consulado, silencioso y ajeno a la vista oral que decidirá si ese aumento ha sido legítimo o si, como sostienen Vox e Iustitia Europa, se ha convertido en la mayor grieta abierta en la arquitectura electoral española desde la instauración del voto en el extranjero.