Vox exige la dimisión de Batet por haber permitido «un Gobierno con poderes ilimitados»
Vox exige la dimisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, por haber permitido «un Gobierno con poderes ilimitados» tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal el cerrojazo de la Cámara Baja durante el primer estado de alarma. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber «secuestrado» el Parlamento.
Olona también ha acusado al Gobierno de Sánchez de haber dado un «golpe de Estado institucional» el pasado 19 de marzo de 2020, cuando la Mesa del Congreso decidió paralizar los plazas de las iniciativas parlamentarias tras las primeras restricciones por la pandemia del coronavirus. Esto provocó que se dejara en suspenso las respuestas del Gobierno o la presentación de enmiendas a los proyectos y proposiciones de ley.
Para la dirigente de Vox, la decisión fue impulsada por Meritxell Batet a pesar de que fuese colegiada por la Mesa de la Cámara Baja. Macarena Olona pide ahora a la presidenta de la cámara que asuma su responsabilidad presentado su dimisión. «Lo que hemos tenido es un Gobierno de España con poderes ilimitados», ha asegurado ante los medios tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional.
Esta decisión judicial supone un nuevo triunfo de la formación de Santiago Abascal frente al Gobierno, ya que fue el partido que presentó el recurso que ahora ha estimado el Constitucional. En su escrito, Vox alegó que sus iniciativas para controlar y fiscalizar al Gobierno durante los estados de alarma no fueron tramitadas debido a que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Podemos, suspendió el cómputo de los plazos.
La sentencia
El Constitucional ha tumbado por 6 votos frente a 5 el cerrojazo que Meritxell Batet impuso durante las primeras semanas de la pandemia, con el apoyo de PSOE y Podemos.
El fallo, del que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, establece que la declaración del estado de alarma, como los de excepción y de sitio, «no puede nunca interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes del Estado y, de modo particular, el Congreso, templo de la soberanía nacional, porque de lo contrario se vulnera el derecho fundamental de participación política».
Los seis jueces que han votado a favor consideran que la decisión de la mayoría socialcomunista de la Mesa de la Cámara Baja «vulneró los derechos de los diputados», diputados que fueron «libremente elegidos por los españoles para que les representen». Los magistrados que han votado en contra han sido Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y el presidente Juan José González Rivas.
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