Vox denuncia las marchas por los presos de ETA a las que acudieron los socios de Sánchez

Vox ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción a las plataformas Sare,  Erxerat y Sortu (el partido impulsado por Arnaldo Otegi) por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Los hechos que denuncian los de Santiago Abascal se remiten al pasado sábado, 8 de enero, cuando en el País Vasco y Navarra se registraron más de 200 marchas para pedir la libertad de los presos de ETA. En la de Bilbao, la más numerosa, estuvieron presentes representantes de todos los partidos que forman coalición con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según la denuncia presentada por Vox, en esa manifestación  «trataron de maquillar (el acto) como una reivindicación de políticas carcelarias», pero «aprovecharon para homenajear a condenados por terrorismo y asesinato».

«En concreto, el pasado sábado, se homenajeó a Henri Parot, condenado a más de 4,800 años de prisión por 82 asesinatos; a José Manuel Pagoaga, quien cumplen condena por varios asesinatos y por participar activamente en ETA; y a Eugenio Barrutiabengoa, quien tras cometer el asesinato de un guardia civil, se fugó a Venezuela, donde se encuentra actualmente residiendo», señala Vox en su denuncia.

Ninguno de ellos, según apunta la vicesecretaria Jurídica de Vox, Marta Casto, «puede ser homenajeado en ningún ámbito y mucho menos ser ejemplo para la sociedad». Vox recuerda también que el pasado 31 de diciembre de 2021 se celebró otra manifestación, donde quedó convocada la que se realizó el pasado día 8.

La formación que preside Santiago Abascal recuerda que son la Subdelegación de Gobierno y los demás poderes públicos los competentes para no autorizar o suspender este tipo de actos «manifiestamente contrarios a la ley, por vulnerar la normativa sobre la protección de las víctimas de terrorismo».

Liberar a los etarras

La marcha se convocó bajo tres reivindicaciones concretas y explícitas: «El acercamiento de todos los presos y las presas vascas, sin excepción y demora, el desbloqueo de la progresión de segundo a tercer grado con el disfrute de permisos penitenciarios y de la libertad condicional, y la reivindicación de continuar avanzando en pro de la convivencia y la paz, con responsabilidad, respeto y empatía».

Estos actos, en un principio, se habían suspendido debido a la situación sanitaria que vive el País Vasco, que según los datos del Ministerio de Sanidad concentra una incidencia acumulada de 4.500 casos por cada 100.000 habitantes. A partir de 500, la cifra ya se considera de riesgo extremo. Sin embargo, con récord de contagios en toda la pandemia, el Gobierno de Iñigo Urkullu las permitió.