Los vocales del CGPJ contra Delgado: «No cumple los estándares de imparcialidad del Tribunal Europeo de Justicia»

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reunido en Pleno este jueves bendecía la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general de Estado. Lo hacía tras el «intenso» debate de los 18 vocales presentes en la sede del órgano de gobierno de los jueces y bajo la atenta mirada de su presidente, Carlos Lesmes, que evitaba horas antes de la reunión pronunciarse sobre la «idoneidad» de la ex ministra socialista para el cargo. Sin embargo, siete de los consejeros discrepantes, que votaron en contra de avalar a Delgado, han emitido un contundente voto particular: «No cumple los estándares de imparcialidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

El documento íntegro, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO -y donde se recoge la opinión de los vocales Nuria Díaz Abad, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández Martínez, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart Pérez y José Antonio Ballestero Pascual- es inequívoco: en Europa, la autoridad al frente de la Fiscalía General del Estado debe «presentar la garantía de actuar con independencia». Es decir, no puede quedar expuesta «al riesgo de estar sujeta, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un ministro de Justicia», en el marco de su toma de decisiones.

En el mismo sentido se pronuncian los dos miembros, designados en 2013 por el Partido Popular, que han votado a favor de Dolores Delgado. Lo han hecho «sólo» en el sentido de que cumple con los requisitos legales previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ocupar el puesto al tener «más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión» y ser «jurista español de reconocido prestigio». Ambos han emitido un voto concurrente para explicarse.

Tanto el Consejo de Europa como diversas instancias de la Unión Europea «consideran que el Estatuto independiente de los fiscales es un requisito imprescindible del Estado de Derecho», recuerdan en su voto particular los vocales críticos con la candidatura de Dolores Delgado.

Así, la ‘Comisión Venecia’ para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa adoptó, en 2016, una lista sobre condiciones para verificar que en un Estado se cumple con la independencia del Poder Judicial.  Entre ellas, analiza la independencia de los fiscales. En concreto, la percepción de la opinión pública sobre posibles influencias políticas o manipulaciones en su nombramiento o promoción. Sobre la Fiscalía, «aunque no hay unos estándares comunes sobre su organización, debe garantizarse una autonomía suficiente de los fiscales para protegerles de una influencia política indebida», señalan los 7 consejeros.

Los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa recomiendan, además, a España «que el Ministerio Fiscal tenga suficiente autonomía para tomar decisiones independientes de la dirección ejecutiva o gubernamental, o que cuando se puedan dar instrucciones, el proceso sea plenamente transparente», así como «que la Fiscalía sea, y parezca, imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia o interferencia de cualquier fuente externa, así como para mejorar su autonomía funcional».

Las referencias europeas a los estándares de imparcialidad del Ministerio Fiscal de los estados miembros son toda una declaración de intenciones. Más allá de aportar argumentos jurídicos en los que apoyar su pronunciamiento particular, los 7 miembros del CGPJ afean con ellas las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien en una entrevista televisada asumió la designación de Delgado y atacó a los tribunales españoles, asegurando que sus decisiones habían sido corregidas por tribunales europeos. Ante semejantes afirmaciones varios miembros del Consejo General -entre ellos algunos progresistas, que incluso fueron diputados del PSOE- emitían un comunicado pidiendo respeto y rigor institucional a Iglesias.

No es «idónea»

Pese a que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, trataba de limitar el debate del Pleno a un pronunciamiento sobre si Dolores Delgado cumplía con los dos requisitos legales exigidos para su incorporación al cargo, fuentes próximas al CGPJ confirman a OKDIARIO que el eje de la deliberación -que ha dado lugar al voto particular de los 7 vocales discrepantes- ha sido la «idoneidad» de la ex ministra de Justicia.

«Es evidente que la respuesta a dar por el Consejo puede centrarse exclusivamente en los requisitos de legalidad exigibles al propuesto por el Gobierno», pero también es posible que se haga extensivo a otras consideraciones «de oportunidad», recogen en su escrito los vocales contrarios a Delgado.

Para estos consejeros la confección del informe sobre la candidata «no es un mero acto rituario limitado a constatar que la persona propuesta reúne los datos objetivos previstos» -ser una jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión- «ni siquiera hacer un somero análisis de que se trata de una persona de reconocido prestigio». «Carecería de sentido lo primero y sería discutible lo segundo», afirman.

«Habiendo estado en el Poder Ejecutivo hasta el domingo pasado y habiendo sido diputada del partido que la propone la sociedad no puede comprender» este nombramiento que «quiebra la apariencia» de imparcialidad de la ex ministra de Justicia como futura fiscal general del Estado. «Todas esas circunstancia hacen dudar que vaya a ser imparcial. Sus circunstancias son las que objetivamente ponen en riesgo o en duda esa apariencia de imparcialidad», concluyen.

El nombramiento de Delgado puede recurrirse ante la Sala Tercera del Supremo, a la que pertenece su presidente Carlos Lesmes y varios de los magistrados que han votado a favor de Delgado. El Alto Tribunal es el órgano competente para resolver sobre la legalidad de los acuerdos del Consejo de Ministros que ratificó, este martes, la decisión de Pedro Sánchez.