Los vecinos de Gran Canaria graban peleas y allanamientos por parte de los ilegales de los campamentos
El hacinamiento de inmigrantes ilegales en campamentos improvisados originan graves problemas de orden público.
Era cuestión de tiempo que la convivencia en Gran Canaria se viera alterada por la llegada constante e imparable de inmigrantes ilegales a las costas durante 2020 y, de manera especialmente intensa, en los últimos nueve meses, cuando la pandemia acabó con la posibilidad de llegar a España por vía terrestre y dificultó las devoluciones a los países de origen.
El Gobierno de España trazó una estrategia, ya es absurdo negarlo, para diseminar la presión que supone para un lugar como Gran Canaria la llegada de 23.000 inmigrantes irregulares en menos de un año (sólo en los primeros días de 2021 han llegado 700 más). El plan no era otro que permitir que los inmigrantes que pudieran, y quisieran, adquirieran billetes de avión para volar a la Península.
Sin embargo, eso sólo resolvía la mitad del problema. Se estima que en la isla ahora mismo quedan entre 5.000 y 7.000 inmigrantes, sin contar los que llegan cada semana. Así que los Ministerios de Interior y Migraciones diseñaron un sistema sin fisuras: usar infraestructuras en desuso para alojar en campamentos a los inmigrantes ilegales que no pudieran ser absorbidos por el sistema de acogida ‘convencional’.
Primero el muelle de Arguineguín, luego el campamento de Barranco Seco y, por último, campamentos como el instalado en el colegio León – y cuya situación lamentable denunció este periódico- se convirtieron en las referencias de acogida para estos inmigrantes ilegales.
Hace semanas OKDIARIO consultó con fuentes policiales si se había notado una incidencia especial a efectos policiales por este aumento poblacional súbito en Gran Canaria. La respuesta fue que, por el momento, no, pero que era cuestión de tiempo.
El buen comportamiento generalizado de los inmigrantes irregulares no iba a impedir que otra parte más pequeña comenzara a protagonizar, antes o después, algunos altercados. Y así ha sido, y para los que busquen aquí una estigmatización gratuita de la inmigración que hablen con los vecinos de la urbanización que linda con los muros del colegio León. Ellos son los que han grabado este vídeo en el que se aprecia perfectamente una situación recurrente, diaria dicen ellos, y peligrosa.
Lo expulsan y se lían a pedradas
En el vídeo en cuestión puede verse cómo un grupo de decenas de inmigrantes ilegales se enzarzan en una pelea en el interior del colegio, en cuyo patio están instaladas las tiendas en las que pasan 24 horas al día. Es medianoche y los gritos despiertan al vecindario.
Durante toda la secuencia, se aprecia cómo la bronca va a mayores y se zanja con la expulsión del campamento, en mitad de la noche, de un hombre con síntomas visibles de embriaguez. Descalzo, borracho y sin mascarilla, el sujeto en cuestión comienza a apedrear a los que le acaban de echar. Los de dentro hacen lo mismo. Los vecinos de la urbanización sólo pueden mirar, grabar y dar testimonio de que eso pasa cada noche sin que por allí aparezcan ni policías, ni autoridades municipales ni nada que se le parezca.
Pero ese no es el único vídeo obtenido por este periódico. En otra grabación, seis jóvenes se apedrean y amenazan con palos en una calle peatonal. Entran y salen de lo que parece una propiedad abandonada. Se produce en pleno centro de la localidad de Las Canteras, en Gran Canaria. Los insultos, los gritos y los golpes despiertan a los vecinos. De policías, una vez más, ni rastro. Algo similar pasa en San Bartolomé de Tirajana, donde otros vecinos no sólo graban, sino que impiden que algunos menas (menores extranjeros no acompañados) allanen propiedades rurales y sean ellos mismos los que tengan que retenerles y reprenderles por su conducta.
Ya lo avisaron aquellas fuentes policiales: era cuestión de tiempo que la idea de hacinar a miles de inmigrantes en campamentos llenos de barro o en colegios al lado de vertederos y en ruinas no iba a ayudar mucho a mantener una paz social que, si bien puede ser respetada por la mayoría, sólo requiere de unos pocos para verse alterada.
Sin embargo, los planes del Ministerio de Migraciones no sólo no pasan por la reducción de este tipo de establecimientos sino más bien por el incremento de plazas para este fin, hasta conseguir una red estable de centros en los que pueda haber un total de 7.000 inmigrantes ilegales de manera estable. Sólo en el colegio León hay ya 300 alojados. Su capacidad puede llegar a casi 600. Lo gestiona una ONG pero, a la luz de lo grabado por los vecinos, ‘gestión’ es una palabra demasiado grande para lo que se ve en esas imágenes Mientras tanto, los vecinos de estos lugares siguen esperando que alguien les pregunte su opinión.
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