La UE avisa que el ‘ecologista’ Sánchez torpedea las ayudas para hacer las reformas ‘verdes’ en las casas

La Unión Europea (UE) ha advertido de que la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez está bloqueando la llegada de subvenciones para acometer reformas en las casas para adaptarlas a las políticas verdes. Y es que el club comunitario ha confirmado que el Ejecutivo todavía no ha aplicado el Plan Social para el Clima, es decir, la planificación de cada país para distribuir ayudas a personas y pymes que se vean afectadas por los proyectos para disminuir las emisiones de CO2, así como otra norma que tiene que aplicar el Ejecutivo para desbloquear los fondos. Las disposiciones incluidas en esta medida «son fundamentales para que la financiación pueda llegar».

La Comisión Europea de la alemana Ursula von der Leyen ha transmitido su advertencia a la administración socialista por no aplicar la normativa europea a través de una respuesta por escrito tras una pregunta del PP europeo.

El Ejecutivo comunitario ha recordado que el Gobierno de Sánchez tenía hasta el 30 de junio de 2025 para crear su plan de ayudas para los afectados por las leyes verdes.

Sin su redacción, la UE no puede calcular los fondos que debe entregar a cada Estado miembro para sufragar las reformas y, por tanto, los gobiernos no pueden darlos a los ciudadanos: «La financiación en el marco del Fondo Social para el Clima se asigna a los Estados miembros y se ejecuta de conformidad con el respectivo plan social para el clima».

Apoyo «a los más afectados»

En todo caso, desde la institución encabezada por Von der Leyen, aclaran que ya se han abierto conversaciones con España sobre «posibles inversiones y medidas, así como otros elementos del futuro plan». El objetivo de la Unión es que ese dinero, que ya debía haber solicitado España, «apoye eficazmente a los más afectados por el RCDE 2, en consonancia con el Reglamento del Fondo Social para el Clima».

«La Comisión subraya que la rápida transposición de la Directiva y la adopción del plan son fundamentales para que la financiación pueda llegar a los más necesitados», subrayan desde Bruselas.

El Ejecutivo europeo ha respondido de esta manera después de que los diputados del PP Francisco José Millán y Adrián Vázquez hubieran preguntado sobre la «falta de presentación del plan social para el clima y de transposición de la Directiva RCDE 2 por el Gobierno de España».

Los representantes populares lamentaban que la inaplicación del Plan Social para el Clima «retrasará los desembolsos del Fondo y podría impedir que regiones como Galicia, que ya tiene proyectos preparados para financiar con este Fondo, puedan acceder a ellos en el momento oportuno».

No sólo el plan

En todo caso, no es lo único que tiene que cumplir el Gobierno, sino que, además, debe haber transpuesto la Directiva RCDE 2. Es decir, aprobar la norma sobre el comercio de derechos de emisión de la UE para edificios, transporte por carretera y otros sectores que determina Bruselas.

«Por ello, aunque el Gobierno español presente un plan, la Comisión no podrá evaluarlo ni se podrán conceder desembolsos hasta que se transponga la Directiva RCDE 2», lamentaban los populares.

Una de las preguntas que los políticos del PP elevaron al Ejecutivo europeo es sobre «cómo garantizará la Comisión que el Gobierno español cumpla con sus deberes».

«Si la transposición de la Directiva RCDE 2 sigue retrasándose, España podría verse obligada a implementarla sin el apoyo del Fondo Social para el Clima (con una vida limitada hasta 2032)», apostillaban Millán y Vázquez. «¿Cómo garantizará la Comisión que este Fondo llegue a las regiones y a los ciudadanos que los necesitan?», concluyeron.

Su redacción, que el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen lleva meses posponiendo, desbloquearía más de 6.000 millones de euros que la Unión Europea (UE) tiene previsto entregar a España y a los que hay que añadir otro 25% que irán a cargo del presupuesto español, lo que supondría, en total, 9.000 millones en ayudas.

El Gobierno abrió en febrero una consulta pública previa, primer paso en este procedimiento legislativo. Unas semanas después, se cerró ese procedimiento legislativo, pero ocho meses después de cerrarse la consulta pública, aún no se ha remitido el Plan a la Comisión.

Grupos beneficiarios

Esas ayudas irían dirigidas a los siguientes grupos de ciudadanos:

1. Hogares vulnerables. El Ejecutivo los define como «aquellos que sufren pobreza energética, incluidos los que tienen ingresos bajos y medios-bajos, y que carecen de medios para renovar el edificio que ocupan».
2. Microempresas vulnerables. En este caso, Transición Ecológica los cataloga como los «que no disponen de medios para renovar el edificio que ocupan, adquirir vehículos de emisión cero o de baja emisión, o pasar a modos de transporte sostenibles alternativos, incluido el transporte público».
3. Usuarios vulnerables del transporte. Por último, el tercer grupo se trataría de los que carecen de ingresos «para adquirir vehículos de emisión cero y de baja emisión, o para pasar a modos de transporte sostenibles alternativos, incluido el transporte público».

Iniciativas objeto de la subvención

Entre las iniciativas, que debe proponer el Gobierno, que podrían sufragarse con los fondos europeos, están las siguientes:

1. Renovación de edificios. Específicamente de hogares vulnerables y microempresas.
2. Acceso a viviendas asequibles y eficientes.
3. Descarbonización de edificios. En ello se incluye la electrificación de la calefacción, la refrigeración y la cocina.
4. Integración de la generación y el almacenamiento de energías renovables.
5. Información, educación, concienciación y asesoramiento selectivos. Sobre las medidas y su aplicación.
6. Acceso a vehículos de emisión cero y de baja emisión y bicicletas. Entre otras cosas, incluidas ayudas financieras o incentivos fiscales;
7. Creación de infraestructuras públicas y privadas. Como la infraestructura de recarga y repostaje y el desarrollo de un mercado de vehículos de emisión cero de segunda mano.
8. Incentivos para el uso de un transporte público.
9. Incentivos para la movilidad sostenible. Tanto la movilidad a la carta como servicios de movilidad compartida y opciones de movilidad activa.
10. Ayudas directas a la renta para los hogares y usuarios vulnerables. Para reducir el impacto del incremento de los precios del combustible para transporte y calefacción.