El TSJC crea un teléfono de emergencia para los jueces que se vean atacados

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha creado un «grupo de seguimiento de incidencias» con el objetivo de proteger a los jueces en caso de que se produzcan episodios violentos en las sedes de Justicia de Cataluña con ocasión del 1-0 que impidan realizar «el servicio de guardia».

El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha enviado un comunicado a los decanos explicándoles que «el grupo de seguimiento estará formado por los presidentes de las respectivas Audiencias Provinciales, y además por el Presidente del TSJC, por el Secretario del Gobierno del TSJC y la Decana de los Juzgados de Barcelona».

Explica que «los diversos incidentes que pudieren dificultar o
impedir el servicio de guardia o las comunicaciones que deban realizarse
al grupo de seguimiento se canalizarán preferentemente a través de los
respectivos presidentes de cada Audiencia Provincial, o bien del gabinete
de presidencia del TSJC».

El órgano de justicia comenta que el juez deberá disponer «de un canal telefónico o correo electrónico de comunicación directa con el jefe responsable de la comisaría de policía más próxima, por si se dieren situaciones (concentraciones de personas u otros obstáculos) que dificultasen el acceso o la seguridad personal de los integrantes del servicio de guardia, o bien durante la realización de alguna
concreta diligencia ordenada judicialmente».

También advierte que este grupo solo servirá para «cuestiones de tipo material u operativo, porque ni el juez de guardia ni el decano dispongan de recursos para superar los obstáculos que puedan impedir el normal desempeño de las funciones del juez de guardia. Por tanto, en ningún caso se atenderán cuestiones relacionadas con decisiones jurisdiccionales del juez».

El CGPJ crea un número de atención inmediata

El Consejo General del Poder Judicial también ha creado un
servicio de atención inmediata con el fin de atender las posibles incidencias comunicadas para ser canalizadas y respondidas por la Secretaría General, el Servicio de Inspección y la Oficina de comunicación.

Este órgano habilita además una dirección de correo para centralizar las comunicaciones que necesiten realizar los Jueces y tengan como destinatario el Consejo General del Poder Judicial, «sabiendo
que estas comunicaciones se participarán simultáneamente al Presidente
del TSJC para su tratamiento también dentro del grupo de seguimiento
constituido en su seno», señala el comunicado.

Protestas delante del Palacio de Justicia

Tanto el jueves como este viernes desde primera hora se han convocado manifestaciones delante del Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) para pedir la libertad de los 14 detenidos por la Guardia Civil tras colaborar con el referéndum separatista del próximo 1 de octubre.

Algunos funcionarios de Justicia temieron que se vivieran episodios violentos y comunicaron la búsqueda de una solución en caso de que no se les permitiera ejercer su trabajo habitual. Un problema que enseguida ha obtenido respuesta por parte de la presidencia de este órgano con este comunicado.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acudió el jueves a esas protestas y jaleó, micrófono en mano, a los manifestantes que allí se encontraban (20.000 según la Guardia Urbana). Forcadell aseguró que estaba ahí para «defender los derechos y la democracia de este país y para pedir la libertad de los detenidos, que son servidores públicos».

Ante esta exhibición y acoso a los jueces, el presidente y los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ emitieron un comunicado mostrando su apoyo a todos los miembros de la carrera judicial «que, en defensa del Estado de Derecho que rige nuestra convivencia, prestan sus servicios en Cataluña».

«Desde el más absoluto respeto a los derechos de libertad de expresión y de manifestación, que están plenamente vigentes en Cataluña y en el resto del España, gracias, precisamente, a los postulados que recoge y garantiza la Constitución Española de 1978, el CGPJ considera imprescindible reafirmar en estos momentos que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico», señala el comunicado.