El Tribunal de Cuentas revela irregularidades en las subvenciones de Seguridad recibidas por Podemos

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 06/08/2020 06:48
  • Actualizado: 13/08/2020 19:22

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas a la contabilidad de los partidos políticos, correspondiente a 2016, llama la atención sobre varios contratos de personal encargado de tareas de Seguridad por parte de Podemos.

Así se refleja en concreto en la fiscalización de las subvenciones recibidas por el partido. La formación de Pablo Iglesias, señala el organismo, recibió en dicho año una subvención para gastos de Seguridad -al igual que el resto de formaciones con representación parlamentaria- de 384.276,94 euros. De acuerdo a la memoria económica, los gastos fueron de 452.955,97 euros.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas detectó algunos conceptos «no subvencionables». Entre ellos, un importe de 131.927,15 euros correspondiente al coste laboral de cinco trabajadores encargados de la identificación de acceso a la sede central de la formación.

«Del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de Seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada», se indica.

El organismo también rechaza como subvencionable un importe de 201.400,47 euros correspondiente al coste laboral de ocho trabajadores de la formación «que se encargan de la Seguridad en actos públicos». Y por el mismo motivo: «Del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de Seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada».

Del mismo modo, tampoco se acepta un importe de 9.045,75 euros correspondiente a cursos de formación en Seguridad privada a favor de trabajadores cuyo coste laboral no se ha admitido en los apartados anteriores.

«Por lo anterior, al no aceptarse gastos por un total de 389.646,10 euros, el importe de la subvención que se considera justificado asciende a 63.309,87 euros, por lo que existe un importe de 320.967,07 euros que deberá ser objeto de reintegro», apercibió el organismo.

Cabe recordar que las irregularidades de Podemos en la contratación de personal encargado de tareas de Seguridad salió a la luz después de que OKDIARIO revelase el escándalo de la escolta contratada por Irene Montero para tareas ajenas a esa función. La ahora ministra de Igualdad fue denunciada por la trabajadora porque, según su testimonio, «de manera recurrente» y fuera de horario tenía que hacer de recadera para ella y sus hijos, llevar y traer a amigos y familiares hasta la vivienda de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y la mecánica de los vehículos particulares de la pareja.

El caso reveló que varios empleados, que ejercían tareas de Seguridad, no habían sido en realidad contratados para ello, de acuerdo a las condiciones que manda la ley.

Por otro lado, como también publicó este miércoles OKDIARIO, el Tribunal de Cuentas ha detectado que Podemos incumplió ese año la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LFPP) en varios aspectos.

El organismo detecta también problemas en cuanto al régimen de contratación en el partido. En concreto le reprocha que no tuviera «unas instrucciones internas que regulen los procedimientos de contratación que, conforme a la LOFPP, han de inspirarse en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación».

Las cuentas de Podemos de 2016 integran también las de la fundación vinculada al partido: el «Instituto 25-M para la Democracia», que desde el mes pasado dirige Juan Carlos Monedero. El Tribunal de Cuentas señala que Podemos «sigue sin declarar adecuadamente» la dotación de 30.000 euros que aportó para el nacimiento de la fundación. El reproche es doble porque le recuerda que «ya fueron advertidos en 2015» de tal irregularidad.