El Tribunal de Cuentas asegura que Mas y sus consejeros nunca quisieron desactivar el 9N

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que ha demandado que Artur Mas y otros ex altos cargos de la Generalitat devuelvan los cerca de cinco millones de las arcas públicas que se gastaron en el referéndum ilegal del 9N, cree que el ex presidente catalán y sus consejeros nunca quisieron desactivar la consulta independentista.

El fiscal jefe del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Torres Morato, ha presentado un escrito de demanda contra Mas y otros ex altos cargos, entre ellos los ex consellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana.

A todos ellos les acusa como responsables contables directos en relación a los gastos de la consulta llevada a cabo el 9 de noviembre de 2014.

La demanda destaca que, en ningún momento, estuvo en el ánimo de los demandados desactivar la consulta del 9N, pese a que fue suspendida por el Tribunal Constitucional mediante providencia de 29 de septiembre de 2014.

Usaron dinero del FLA

A juicio de la fiscalía, los comportamientos que pueden generar «responsabilidad contable» son una decena de operaciones, una de ellas sufragada incluso con dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), en concreto la campaña de publicidad institucional para la consulta.

También enumera la Fiscalía el registro de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el transporte del mismo a los locales de votación, y la adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación.

Asimismo, menciona la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en la organización de la consulta; la elaboración del soporte necesario para celebrar la consulta del 9N; el envío de información; los gastos del centro de prensa para la cobertura informativa; el contrato menor para el diseño de la campaña del proceso participativo, y otro contrato menor para la producción de la campaña informativa del proceso participación ciudadana.

Para la Fiscalía, la conducta de los demandados debe calificarse como «dolosa contablemente», o, al menos, «como gravemente imprudente», y por ello solicita que se cifren en 4.995.918,34 euros los perjuicios ocasionados a los caudales públicos, en concepto de principal, y que sean declarados responsables contables directos y solidarios.

En concreto, carga a Lluís Bertrán Saura, Joana Ortega y Artur Mas 74,05 euros del registro de la web institucional, y a Josefina Valls Villa, Joana Ortega y Artur Mas otros 163.953,31 euros por la fabricación del material y el transporte.

De la adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación, que costaron 2.800.735,13 de euros, responsabiliza a Rigau y Mas, en tanto que de la campaña de publicidad institucional, en la que se gastaron 806.403,52 euros, culpa a Ignasi Genovés Avellana, Jordi Vilajoana Rovira, Francesc Homs y Artur Mas.

A Josefina Valls, Joana Ortega y Artur Mas les pide otros 1.409,26 euros de la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en la organización de la consulta.

Cifra en 727.600,56 euros el coste de la elaboración del soporte necesario para celebrar la consulta del 9N y cita como responsables a Lluís Bertrán Saura, Joana Ortega, Francesc Homs y Artur Mas.

Por el envío de información reclama 307.962,71 euros a Jaume Domingo Planas, Francesc Homs y Artur Mas, mientras que por los gastos del centro de prensa para la cobertura informativa de la consulta del 9N pide 144.244 euros a Homs y Mas.

En cuanto al contrato menor para el diseño de la campaña del proceso participativo, de 21.767,90 euros, menciona a Josefina Valls, Joana Ortega y Artur Mas, y del otro contrato menor, cuyo proveedor asegura el fiscal que fue Benecé Produccions, SL., responsabiliza a Teresa Prohias Ricart, Francesc Homs Artur Mas, por un importe de 21.767,90 euros.

Además, el Ministerio Fiscal solicita que se condene al pago de las cantidades en que se cifran los perjuicios a los responsables contables, indemnizándose a la Generalitat de Cataluña en 4.935.002,38 euros, al Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) en 20.214,77 euros, al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) en 28.915,41 euros y al Estado en 11.785,78 euros.

También se pide que se condene a los demandados, como responsables directos, al abono de los intereses y al pago de las costas procesales.