Empleados denuncian la inacción de la consejera canaria de Podemos por las vejaciones a los menas

Los continuos incidentes del Centro de Menores (menas) de Canarias Puerto Bello en Mogán (Gran Canaria) provocaron que los mismos trabajadores pusieran en conocimiento de la Fiscalía de Menores, de la Consejería de Derechos Sociales de Canarias y del Ayuntamiento de Mogán, entre otros, varios casos de agresiones sexuales, prostitución y tráfico de drogas, entre otros delitos, en el interior y cercanías del centro. Los menores están tutelados por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, a cuyo frente está Noemí Santana, que es además secretaria general de Podemos Canarias y decidió actuar cuando las denuncias de los trabajadores ya eran públicas.

La primera denuncia sobre los menas de Canarias fue conocida el pasado mes de junio y enviada de manera anónima por los trabajadores del centro que hacían públicos unos hechos sobre la deficiencia en la gestión del centro por parte de la empresa que gestiona el mismo, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Los trabajadores aseguraban que se producían «tanto dentro como fuera»  las referidas agresiones, episodios de prostitución y consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, la consejera responsable de este asunto en Canarias, Noemí Santana, ignoró el email, aunque más tarde reconoció haberlo recibido el 31 de mayo y luego acudió también a la Fiscalía como denunciante, pero demasiado tarde, según los empleados del centro.

La situación se remonta a septiembre de 2020 cuando el Gobierno canario decidió usar complejos hoteleros par albergar al gran número de inmigrantes llegados a Canarias. Eso provocó que algunos lugares, como los apartamentos Puerto Bello, se encontrasen de estar completamente vacíos de turistas por la crisis sanitaria del Covid a sobredimensionados con los menas, en este caso hasta 180 jóvenes que en algunos casos no eran menores de edad.

Los trabajadores de Puerto Bello pronto se vieron impotentes para atender a tanto menor, ya que el centro sólo tiene un director, un subdirector, cuatro educadores y 18 auxiliares o monitores que se dividen en tres turnos de ocho horas diarias. Ahora el centro sólo tiene a 70 menores pero en algún turno hay un solo monitor para todos.

El consumo de alcohol, tabaco y en algunos casos drogas entre estos menas de Canarias es la tónica constante, tal y como denunciaron los trabajadores a la Consejería de Derechos Sociales. Pero es que, además, los denunciantes aseguran que no se cumplen los protocolos obligatorios cuando algún menor se fuga, como es informar a Fiscalía de menores, informar a la Dirección General del Menor y si el menor está sometido a algún tipo de medida judicial informar al agente de medidas judiciales.

Entre las quejas aseguran los empleados del centro que «hay una paga semanal de 10 euros que se ha incrementado entre 13 y 15 euros dependiendo de su comportamiento, pero ese dinero no está fiscalizado ni hay contabilidad sobre el mismo». Los trabajadores se quejan de que los jóvenes «fabrican armas como cuchillos con espejos rotos, palos y piedras y las esconden por todo el recinto para defenderse o atacar a otros».

Un monitor ya ha comparecido de manera voluntaria ante la Fiscalía de menores de Beatriz Sánchez, ante quien denunció y aportó copia de los mails enviados a diferentes autoridades, entre ellos al presidente del Gobierno canario, el socialista Ángel Víctor Torres. Los mails fueron remitidos a Presidencia, Migraciones, Acción Exterior, Hacienda y Sanidad del Gobierno Canario. La alcaldesa de Mogán,  Onalia Bueno, fue la única que puso los hechos rápidamente en conocimiento de la Fiscalía tras recibir una copia de los mismos mails.

Cuando el revuelo fue más que notable la consejera Noemí Santana reconoció que «tenía constancia de esta denuncia de manera anónima» y explicó que había recibido la misma el 31 de mayo. Llama la atención esta declaración, ya que la consejera debía saber que la presencia de la Guardia Civil y Policía así como las detenciones en el centro son bastante frecuentes por los constantes destrozos que realizan en las instalaciones y peleas entre ellos como ocurrió durante el motín que protagonizaron en febrero, sin necesidad de esperar a la acción de los trabajadores para actuar.

Los empleados también refieren que muchos de los monitores «son de origen marroquí y no hablan español por lo que la comunicación con el resto de monitores es prácticamente inexistente». De momento las quejas solo han conseguido que al menos diez menores fueran trasladados a la Península para su realojo.