Torra se pone chulo con el tribunal de los lazos porque su desacato no tiene pena de cárcel
Torra apela a dar ejemplo propio en la “desobediencia pacífica” y por ello ha asegurado que no asistirá al juicio en el que debe responder por su desafío a la Junta Electoral Central.
La Fiscalía no quiere irritar al separatismo: sólo pedirá 18.000 € de multa para Torra
Torra juega con la ley española, que critica, cuando le beneficia. El presidente de la Generalitat de Cataluña se pone chulo con el tribunal catalán encargado de enjuiciarle por su desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC), durante la última campaña electoral a las generales del 28-A.
Sabe que si no se presenta voluntariamente a declarar ante el mismo, en la fecha fijada para su comparecencia, no será detenido. Además, su desacato no conlleva pena de cárcel.
El jefe del Govern avanzaba esta misma semana que no asistirá a la vista oral del juicio que tendrá lugar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -programada los próximos 25 y 26 de septiembre- porque, alegaba, ambos días tendrán lugar sendas sesiones del debate de política general en el Parlament de Cataluña que, casualmente, se abre tras más de un año bloqueado.
Torra asistirá a la cita política y lo hará porque sabe que aunque no se presente en sede judicial, los Mossos no irán a requerirle a la sede parlamentaria. También porque la Fiscalía no solicita para él más que una pena de 18 meses de inhabilitación, pero no prisión. De manera que la máxima sanción que podría recibir por su incomparecencia, nunca será castigada con una condena privativa de libertad.
Esto es, la valentía del presidente de la Generalitat de Cataluña es limitada. Su plantón al TSJC le supondrá ser inhabilitado, en rebeldía procesal, y resultar multado. Pero el importe de dicha sanción económica no dependerá de si se sienta o no físicamente en el banquillo.
Tal es así, que el Ministerio Público ha solicitado en su escrito de acusación una multa de 18.000 euros por no retirar, en tiempo y forma, la pancarta con un gran lazo amarillo que colgaba del balcón de la Generalitat, en período electoral, algo que la JEC dictaminó debía hacer dado que lo contrario suponía una violación de la neutralidad institucional.
Por su negativa, Torra está actualmente acusado de desobediencia a la Junta Electoral Central, por colgar simbología independentista y propaganda a favor de los políticos catalanes presos, entre otros, desde el balcón del Palau de la Generalitat. La JEC es el órgano competente de velar por el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de comicios.
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