Torra acusa al Gobierno de Sánchez de «malversación» por un informe de España Global sobre el ‘procés’

Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Generalitat para que «estudien medidas» contra España Global por un informe contra el proceso independentista de la región catalana, han explicado fuentes del Ejecutivo catalán a Europa Press.

El separatista cree que el organismo de Irene Lozano podría estar «vulnerando la directiva europea sobre la presunción de inocencia» con el documento que, según ha informado ‘La Vanguardia’, es una guía para que los responsables de Exteriores enfoquen el proceso independentista en el extranjero y se reparte entre corresponsales, periodistas en el exterior y otros interlocutores internacionales.

Para Torra, este informe podría suponer una «interferencia en el poder judicial, criminalizando el movimiento independentista» pocas semanas antes de la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos impulsores del 1-O. Las mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo catalán también solicitará el coste del informe para saber si «se está cometiendo un delito de malversación».

El texto, de 72 páginas, recoge una cronología del proceso independentista desde la Diada del 11 de septiembre de 2012 e incluye los delitos por los que los impulsores del 1-O están siendo juzgados, se explica el proceso penal y se defienden «la independencia y garantías del sistema judicial».

El documento pretende responder a las «falsedades difundidas sobre el proceso y la situación de Cataluña» en un formato concreto: se parte de una premisa que defiende el independentismo tachándola de falsa y se explica la versión del Estado calificándola de verdadera; en total se abordan 46 ideas.

Se asegura que es falso que en España haya presos políticos porque «ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas», y que los líderes separatistas como Torra se expresan libremente incluso desde prisión, asegura el documento.

El texto rechaza que la ONU defienda el derecho a los pueblos a la autodeterminación en España porque lo reconoce para «aquellos pueblos que han sido oprimidos o colonias, que no es el caso»; niega que los independentistas representen mayoría catalana asegurando que las encuestas varían y recoge una encuesta de finales de 2018 en la que los partidarios a la independencia son menos que los que quieren seguir siendo parte de España.

El documento niega que la actuación policial del 1-O provocara más de mil heridos, no entra a valorar el número, pero asegura que solo tres personas fueron ingresadas en hospitales por algún tipo de lesión directamente derivada de las cargas policiales; además se subraya que la consulta del 1-O «no fue un referéndum democrático».

El documento asevera que no es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin Estado, pero sí lo es «desobedecer al Tribunal Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatut, celebrar un referéndum ilegal y después proclamar la independencia unilateralmente».

También se asegura que la prisión preventiva en la que se encuentran los golpistas responde a: «El riesgo de fuga y la reiteración delictiva. Los jueces han tenido en cuenta que se han producido fugas» y que los procesados aseguran que lo volverán a hacer.