Tardá llama «estercolero» al Poder Judicial y Sánchez pide «autocrítica»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado hoy que en España funciona la separación de poderes y recalcado que, con su petición del que el Ejecutivo imponga su criterio a la Fiscalía en el caso del «procés», los independentistas lo que piden es la «politización de la Justicia».

«Pues no. España es un estado social, democrático de derecho y el poder ejecutivo va por un lado, el legislativo por otro y el judicial por otro», ha sentenciado Sánchez en su respuesta al diputado de ERC Joan Tardá, quien ha realizado una dura crítica repleta de calificativos a la Justicia española.

Una justicia, a juicio de Tardá, «endogámica», «clasista», a la que no le importa prevaricar, «machista», con «reminiscencias fascistas», con una Fiscalía «equiparable a la Brigada Político Social» o una Audiencia Nacional «heredera del Tribunal de Orden Público».

Llama «estercolero al Poder Judicial

Tardá ha retado a Sánchez a solicitar de inmediato la dimisión del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, como principal responsable de ese «estercolero» y a pedir disculpas «por el pasteleo» con el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Sánchez ha eludido la confrontación con el parlamentario de ERC, aunque sí ha sugerido que no es el Poder Judicial la única institución que merece crítica y que debe hacer autocrítica. «Y no solo en Madrid», ha añadido.

El jefe del Ejecutivo ha incidido en que ERC por un lado critica supuestas injerencias en la Justicia, pero al tiempo pide al Gobierno que condicione la labor de la Fiscalía en el caso del «procés», es decir la politización de la Justicia.

Sánchez ha aprovechado para subrayar los indicadores que valoran la buena salud de la democracia en España, como las encuestas de Freedom House o de The Economist, que la sitúan por encima de Francia, Italia o Estados Unidos.

También ha recordado que desde 1979 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado 98 sentencias en las que señala que se ha vulnerado el convenio europeo de Derechos Humanos en España. Y en ese mismo tiempo se han dictado 186 sobre Alemania, 722 sobre Francia, 164 sobre Bélgica, 312 sobre el Reino Unido o 791 sobre Italia. EFE