El Supremo utilizará la doctrina europea para mantener a los golpistas en prisión hasta dictar sentencia

El Tribunal Supremo tendrá que resolver, una vez finalizadas las sesiones de la vista oral, sobre la nueva petición de libertad de los acusados del juicio del ‘procés’ que ya preparan sus defensas. Fuentes jurídicas próximas al Alto Tribunal apuntan que la Sala de lo Penal que preside el juez Manuel Marchena, confirmará la permanencia en prisión de los líderes separatistas catalanes hasta que se notifique la sentencia.

Y lo hará apoyada en dos pilares fundamentales: la elevada petición de las penas que mantienen las acusaciones -25 años por rebelión para Oriol Junqueras, en el caso de la Fiscalía- y los recientes espaldarazos de Europa a las decisiones de la Justicia española. Pese a que las defensas han insistido en el carácter limitado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concede a la medida cautelar de prisión provisional -pensando en un futuro recurso ante Estrasburgo- el Supremo abordará el «razonable» mantenimiento de la misma, para garantizar el cumplimiento de la futura sentencia.

Una posición que respaldan varios precedentes de la doctrina europea. En los casos Wemhoff, Neumeister, Matznetter, Stdgmuller y Winterwerp, el TEDH consideró la existencia de «motivos fundamentados» para rechazar la puesta en libertad de los acusados sin vulnerar los artículos 5.3, 4.5, 6.1 y 6.5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: la continuidad en el tiempo de los «actos reprensibles» objeto de enjuiciamiento, la «entidad del perjuicio» causado, así como la probabilidad de «reiteración delictiva» y el «riesgo de fuga».

El propio Supremo denegaba a Oriol Junqueras, en enero de 2018, el recurso de apelación planteado por su defensa contra el instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, al entender que más allá de «algunas manifestaciones no corroboradas por hechos posteriores» no existía prueba de «voluntad» por parte del separatista «o del partido que lo sostiene” que haga sospechar que «se orientan a abandonar la idea de una proclamación unilateral de la independencia que alcanzara efectividad”.

La elevada petición de penas de todas las acusaciones para los líderes separatistas inclinan al Tribunal Supremo a confirmar la prisión provisional

Fuentes próximas al Alto Tribunal señalan a OKDIARIO que el Supremo se inclina por prolongar la estancia en prisión de los líderes separatistas catalanes, al entender que «continúan concurriendo» las circunstancias que motivaron la adopción de la medida cautelar impugnada por los abogados de los líderes separatistas.

La Sala tendrá que deliberar en los próximos días y, previsiblemente, los magistrados que la integran insistirán, como ya apuntaron en su última resolución sobre la materia, en que «a pesar del tiempo transcurrido» desde que los golpistas ingresasen en la cárcel, su decisión es «proporcionada» a la gravedad de los hechos y las penas asociadas a los mismos y que «no vulnera» ni ha vulnerado sus derechos fundamentales.

El Supremo ya ha indicado en varias ocasiones, apoyado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que «la limitación o suspensión de derechos fundamentales en una democracia» queda justificada «cuando determinadas acciones (…) ponen en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático». Una exigencia que también ha sido reconocida por el TJUE de Luxemburgo, en su sentencia de la Gran Sala de 6 de octubre de 2015, caso Thierry Delvigne vs Francia, donde se destacaba la gravedad de los delitos para justificar la restricción de la libertad.

Con la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía ya ha remitido al Supremo un escrito en el que se opone a la petición de libertad que harán formalmente efectiva las defensas.

Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, encargados de fundamentar el informe de la acusación pública, han desmontado el dictamen del grupo de trabajo de la ONU que calificaba de «arbitrarias» las detenciones de varios de los acusados -Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- y han apuntado a lo imprescindible de asegurar que el tribunal pueda ejecutar su futura sentencia, una vez se haga pública la misma, sin asumir riesgos innecesarios.