El Supremo tramita una denuncia de acoso laboral contra uno de los mandos de la Guardia Civil ascendidos por Marlaska

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo verá la denuncia por supuesto acoso laboral tramitada por un agente contra el teniente general Félix Blázquez, uno de los mandos aupados a la cúpula de la Guardia Civil en la última remodelación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una vez desestimado el recurso planteado por la Fiscalía.

En el auto con fecha de 21 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal Militar Central inadmite el recurso de apelación presentado por el Fiscal Jurídico Militar –que no ve hechos susceptibles para sostener la denuncia– contra el auto del Juzgado Togado Militar Central número 1, que se inhibió a favor de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.

De esta forma, será el Supremo el que resuelva la denuncia de un agente del puesto de Llodio (Álava) tramitada a finales de 2015, cuando el responsable de la Guardia Civil en la zona era Félix Blázquez. Este general fue ascendido a finales de mayo al Mando de Operaciones, lo que supone ser en la actualidad el ‘número tres’ del Instituto Armado tras la directora general y el director adjunto operativo (DAO).

Al guardia civil denunciante le abrieron cuatro expedientes por faltas graves y uno por falta muy grave entre junio de 2017 y abril de 2018, lo que le supuso perder destino y multas que suman unos 15.000 euros, tras varios enfrentamientos con mandos que le llevaron a recurrir al servicio de psiquiatría del cuerpo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado los «auténticos privilegios» que supone que Blázquez responda ante la Sala de lo Militar del Supremo, pendiente ahora de nombrar instructor, lo que ve como un ejemplo más de la «necesidad de reformar y modernizar la jurisdicción militar».

«Cuando la sociedad española y los partidos políticos han identificado la necesidad de acabar con los aforamientos, los tenientes generales de la Guardia Civil continúan aforados al igual que quienes tienen las más altas responsabilidades institucionales en nuestro país», ha señalado AUGC en un comunicado, tachando esta situación de «anacronismo democrático».