El Supremo esquiva la trampa de Batet y devuelve al Congreso la decisión sobre los presos diputados

El Tribunal Supremo responde a la petición de la presidenta del Congreso de los Diputados, Merixell Batet, y decide devolverle la ‘papeleta’ de la suspensión de los diputados en prisión provisional. El Alto Tribunal insiste en los argumentos que ya ofreció en su auto de 14 de mayo y que fue «debidamente comunicado a la Cámara». Añade que la causa penal seguirá su curso y que es misión del tribunal «salvaguardar los fines del proceso».

En cuanto al informe que Batet solicitaba sobre la interpretación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aplicable a los acusados que han resultado elegidos diputados, el pasado 28-A, la contestación del Supremo señala que «la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del dictamen requerido». Es decir, los siete magistrados, por unanimidad, recuerdan a la nueva presidenta del Congreso que el Tribunal Supremo no es un órgano consultivo del Parlamento.

La socialista se dirigía por escrito al Alto Tribunal ,esta semana -y a través del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes- para solicitar un informe de la Sala de lo Penal, que preside el juez Marchena, sobre la suspensión de los presos diputados.

Batet pedía al tribunal de siete magistrados -competente para juzgar a los cinco políticos catalanes acusados de sendos delitos de rebelión y sedición- que interpretase el alcance del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en lo relativo a la suspensión inmediata de los mismos en sus cargos.

Se trataba de que el Supremo aclarase los términos en los que ha de interpretarse la norma y delimitar las responsabilidades institucionales de la Cámara Baja, y la Mesa encargada de regir el funcionamiento de la misma, en una cuestión sobre la que, inicialmente, los siete magistrados, con el juez Marchena a la cabeza, han evitado pronunciarse.

Pendiente la petición del Ministerio Fiscal

Por su parte, el Ministerio Público solicitaba a la Sala encargada de enjuiciar el 1-O que se pronunciase sobre la suspensión de los presos diputados e instaba al tribunal para que comunicase al Congreso que debía «actuar» sin demora contra los parlamentarios.

Esta cuestión todavía está pendiente de responderse por parte del Alto Tribunal. En la misma, la Fiscalía se refería a la obligación legal, por concurrencia de dos normas idénticas, una del Reglamento del Congreso y otra recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ordenan la suspensión en el ejercicio de sus funciones públicas a quienes estén procesados por rebelión y se encuentren en prisión provisional, como ocurre en el caso de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull.