El Supremo considera que Alemania «se ha extralimitado» al descartar la rebelión de Puigdemont

El Tribunal Supremo considera que Alemania se ha extralimitado en sus competencias al descartar el delito de rebelión del expresidente de la Generalitat de Cataluña fugado, Carles Puigdemont, al no apreciar «violencia» en el proceso independentista.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartaba este jueves el delito de rebelión en la petición de extradición a España de Puigdemont y decidía dejarlo en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras se estudia la entrega. La policía alemana detuvo el pasado 25 de marzo al expresidente catalán cuando cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica, país en el que tiene fijada su residencia, en aplicación de la euroorden cursada por la justicia española.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO, sostienen que la justicia germana «ha desbordado y desenfocado el marco de la euroorden» ya que se tendría que haber limitado a efectuar «un juicio de contraste entre las dos legislaciones, la penal alemana y la española». Estas mismas fuentes afirman que la justicia alemana que desoye los argumentos de la Fiscalía de su país «no tenía que examinar la fundabilidad de la acusación en modo alguno» y que por tanto, «se ha extralimitado».

Según el tribunal alemán, la imputación de rebelión es «inadmisible», pero considera que puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos. «Por motivos jurídicos», añade, no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que «los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania».

El delito de rebelión no forma parte de la lista de 32 que están exentos del principio de la doble incriminación y para que se pueda entregar a Puigdemont por este delito es imprescindible que Alemania lo considere punible. Sin embargo, para determinar esta doble incriminación en ambos países, sólo se tienen que evaluar los hechos presentados por el juez Llarena sin tratar de demostrar los presuntos hechos delictivos, ya que esta parte del proceso se reserva para el juicio oral.

Por tanto, la justicia alemana no tendría que haber profundizado a la hora de determinar si existió o no violencia como ha hecho. Esta decisión ha descolocado los planes de la justicia española que tenían como objetivo que Puigdemont fuera juzgado por los delitos por los que fue procesado.

La Fiscalía Alemana solicitaba la extradición del expresidente de la Generalitat de Cataluña por rebelión y malversación, tal como pedía el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al entender por razones evidentes, que existía un elevado riesgo de fuga.

El procesamiento de los «golpistas»

El pasado 23 de marzo, el juez Pablo Llarena procesaba por un delito de rebelión a 13 investigados en la causa sobre el proceso independentista catalán: el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsellers del Gobierno catalán, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana ANC Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Llarena procesaba además a los otros 5 exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión.

Asimismo, el juez procesaba por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo.

Por último, el juez fijaba una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret.