El socialista Blas Acosta dimite como presidente del Cabildo de Fuerteventura acosado por la corrupción
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, el socialista Blas Acosta, ha ha renunciado al cargo acosado por dos casos de corrupción. La dimisión se produjo justo el mismo día en el que Sandra Domínguez, de Asambleas Municipales de Fuerteventura, tomaba posesión de su acta de consejera de la Corporación en sustitución de Marcelino Cerdeña.
Esta incorporación abría la posibilidad a una posible moción de censura contra Blas Acosta al sumarse a los siete concejales de CC y los cuatro del PP. Finalmente no será necesaria ya que él mismo ha dimitido de su cargo.
Durante su intervención para anunciar su renuncia, el ex presidente abogó por el futuro de la isla en un contexto de crisis. «Es el momento de ver más allá de nuestras propias narices, incluso más allá de las complicadas circunstancias en la que nos encontramos como consecuencia de la Covid», dijo.
Blas Acosta comentó que desde finales de diciembre la gobernabilidad de la institución se encuentra en una situación «complicada» como consecuencia de la pérdida de la mayoría para gobernar.
«Además yo como presidente vengo soportando una campaña de acoso y derribo en la que se me acusa con graves infundios y se me condena, semana sí y otra también, a la pena de telediario, olvidándose algunos de la presunción de inocencia, y de las normas básicas incluso de educación, que también debería haberla en política», dice.
Casos de corrupción
Esa campaña de «acoso» a la que hace referencia Blas Acosta se explica por su imputación en dos casos de corrupción por los que le piden hasta siete años de cárcel, ambos relativos a su pasado como concejal del Ayuntamiento de Pájara.
Por un lado está el caso de La Pared, por el que la Fiscalía le pide tres años de cárcel, por otro, el caso Geturpa, por el que le piden cuatro años y tres meses.
En el caso La Pared, el Ministerio Fiscal pide para Blas Acosta y para el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara en enero de 2010, una condena de tres años por conceder licencias de ocupación en la urbanización La Pared «a sabiendas de que no se habían cumplido las condiciones», según la Fiscalía.
En aquel momento, Blas Acosta era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara y la Junta de Gobierno de la que formaba parte concedió el 25 de enero de 2010 una licencia de ocupación «en contra de lo informado por los técnicos municipales y desoyendo la motivación y razones expuestas por el servicio jurídico de la Corporación», según la Fiscalía, que lo acusa de prevaricación urbanística.
En el caso Gesturpa, la Fiscalía acusa a Blas Acosta de los delitos de administración desleal e insolvencia punible en su gestión de la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), entidad de la que fue administrador único.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que Blas Acosta, en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.
Se despide haciendo balance
Durante su discurso de dimisión, el hasta ahora presidente de Fuerteventura lamenta que su renuncia al cargo se produzca en un momento en el que la isla necesita «más que nunca» estabilidad, una planificación seria y sobre todo un liderazgo fuerte que asuma decisiones «que no siempre son fáciles».
También quiso agradecer las «múltiples muestras de apoyo, comprensión y el cariño» que ha recibido durante las últimas semanas, y puso en valor el trabajo de su partido, el PSOE, y el de los demás grupos de gobierno.
«Juntos hemos afrontado un año muy difícil, y seguimos haciéndolo, con muchos momentos en los que nos ha costado conciliar el sueño. Quiero que sepan que ha sido y sigue siendo para mi un verdadero honor el contar con vuestra lealtad y compromiso», aseveró.
Resaltó que también se ha aprobado de manera inicial y con el respaldo de todas las fuerzas políticas un presupuesto 2021 que asciende a 134,51 millones de euros, lo que supone un 12,35% más que el año anterior y el mayor montante de la historia de la Corporación insular.
«Por fin hemos podido aprobar unas cuentas tan necesarias que permitirán al Cabildo hacer de tractor de nuestra economía, invertir en las infraestructuras que tanto necesitamos, y sostener la red de ayuda social que precisan nuestros vecinos, aquellos que están desempleados, en ERTES o en ERES, los autónomos y las pequeñas empresas familiares, que son el tejido de nuestra sociedad y que aspiran a que sus instituciones y quienes les representamos formemos parte de la solución, no del problema», aseguró.
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