Los sindicatos critican con dureza a Calviño por su negativa a derogar la reforma laboral

Los sindicatos han exigido a Pedro Sánchez la derogación de la reforma laboral del PP, a pesar de las palabras de Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, en las que afirmaba que "no es productivo deshacer, revertir o reformar las reformas". 

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Pedro Sánchez y Nadia Calviño en un acto del Círculo de Economía en Sitges @EP

Intersindical Valenciana ha exigido a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, que derogue la reforma laboral del PP, a pesar de las palabras de Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, en las que afirmaba que «no es productivo deshacer, revertir o reformar las reformas». 

Desde el sindicato han señalado que la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 es «una prioridad» y ha criticado duramente a la titular de la cartera de Economía porque, según han afirmado, «contradice los compromisos asumidos» por el presidente en funciones. Calviño, además, abogó por no «dedicar la energía a estar constantemente volviendo atrás a considerar lo que se ha hecho».

El sindicado ha defendido que la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 es «una prioridad política, con independencia de que, más sosegadamente, se pueda iniciar una negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras».

La organización sindical considera que la ministra «ha excedido en sus declaraciones», al plantear un escenario «completamente diferente» para abordar «la precariedad del empleo en el mercado laboral, derivada de las reformas laborales», ha señalado Intersindical en un comunicado. El sindicato ha apuntado que Calviño «está en funciones» y «la prudencia obliga a no emitir opiniones sobre temas de gran trascendencia, que puedan condicionar las negociaciones de coaliciones o pactos que apoyen al futuro gobierno».

Asimismo, Intersindical considera que las palabras de Calviño «contradicen los compromisos asumidos por Sánchez en la reciente campaña de las elecciones generales». A su juicio, la implementación de medidas «correctoras de la precariedad laboral constituye una urgencia social, que no puede supeditarse a la incertidumbre temporal de una hipotética negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras».

El sindicato ha remarcado que «no debería de ser necesario recordarle a la ministra de Economía las valoraciones negativas de diferentes organismos internacionales y estatales sobre la calidad de nuestro empleo», como «tampoco los datos sobre el desempleo, máxime de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, la evolución del salario de los trabajadores y trabajadoras a los últimos años, la incidencia de los contratos temporales o a tiempo parcial o la ridiculez de las prestaciones por desempleo».

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