Sánchez rompe el pacto Rajoy-Rubalcaba que iba a evitar que los policías declarasen en el Congreso

Pedro Sánchez, el nuevo secretario general del PSOE, ha roto el pacto que cerraron hace meses Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba para que el PP y el PSOE vetaran en el Congreso de los Diputados la obligación de algunos funcionarios policiales de comparecer ante la Comisión de Investigación sobre el Ministerio del Interior. El objetivo era impedir que el Parlamento se convirtiera “en un circo”, expresión usada por los socialistas, y dañara la imagen de las Fuerzas de la Seguridad del Estado.

Tanto La Moncloa como Ferraz estaban de acuerdo en blindar a los cargos policiales de las disputas políticas, como se ha podido verificar en las distintas sesiones ya celebradas, en las que Gabriel Rufián, miembro de ERC en la Comisión, ha ofrecido todo un espectáculo con preguntas zafias e hirientes.

No era la primera vez en la que Rubalcaba negociaba en secreto con el Partido Popular un pacto para enfriar un caso de alto voltaje mediático. En 2009, le tocó el turno al ‘caso Faisán’, en el que el propio Rubalcaba se veía afectado tras el chivatazo a ETA. El entonces ministro del Interior y María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, llegaron a un pacto de no agresión en los escándalos Faisán y Gürtel.

Ahora, según tenían en claro el Gobierno y la Gestora del PSOE, antes de que Sánchez recuperara su despacho en Ferraz, la comparecencia de los comisarios suponía un desgaste innecesario para el Cuerpo Superior de Policía. Los policías corrían el riesgo de ser criminalizados por unas supuestas conspiraciones surgidas desde las cloacas del Ministerio del Interior, como pretendían explotar políticamente algunos partidos independentistas (PdeCat, CUP y ERC) o Podemos.

Los secesionistas catalanes siguen denunciando la existencia de una supuesta “policía política” en el Ministerio del Interior durante la etapa de Fernández Díaz que vinculan con lo que ya han acuñado como ‘Operación Cataluña’. En realidad, esa misión policial tenía más relación con las investigaciones sobre los pelotazos de la familia Pujol, sus cuentas en Andorra o los casos de corrupción que afectan a la ya extinguida CiU.

Podemos, por su parte, se queja en la Comisión de Investigación del conocido como informe Pisa sobre Pablo Iglesias y la financiación bolivariana e iraní del movimiento morado, que supuestamente fue elaborado también por esa fantasmagórica “policía política” y un grupo de detectives.

La Comisión de Investigación se reunirá hoy en el Congreso para retomar los trabajos y fijar la lista definitiva de nuevos comparecientes, ya que el mandato de ese grupo de trabajo finaliza el próximo 31 de julio. Todo indica que el PSOE, en su nueva estrategia, cambiará de opinión y no se opondrá a la citación del comisario Eugenio Pino, ex DAO de la Dirección General de la Policía, y de su colaborador, José Ángel Fuentes Gago.

José Luis Ábalos, el flamante secretario de Organización del PSOE, señaló hace una semana que sería conveniente que tanto Pino como Gago comparecieran ante la Comisión

Sin embargo, el ex número dos de la cúpula policial Eugenio Pino, que durante cuatro años se convirtió en el policía con más poder en Interior, está obligado a mantener el secreto profesional de sus actuaciones y de sus subordinados, ya que muchas de las operaciones están en fase judicial.

Como ya sucedió con la Comisión Roldán, a mediados de los 90, los casos que siguen abiertos en los tribunales, apenas tienen repercusión parlamentaria, ya que la mayoría de los comparecientes están bajo una tutela judicial. En 1995, por ejemplo, el PSOE -en minoría con 159 diputados- se opuso a que se constituyera la comisión de investigación sobre los GAL y ganó la votación por 176 contra 161. Paradójicamente, la mayoría se la proporcionó CiU, el actual PdeCat, con sus 17 escaños.

Frente común de PSOE, C’s y Podemos

La comisión se investigación salió adelante en septiembre de 2016 con los votos de Podemos, C’s y PSOE, entre otros grupos parlamentarios. Los socialistas denunciaron que “en el Ministerio del Interior se había diseñado una estructura policial” para “obstaculizar los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular”. Así mismo, afirmaban que se había dedicado “al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos y miembros del propio Cuerpo de Policía Nacional”.

Los diputados querían aclarar las reuniones del ex ministro Fernández Díaz con De Alfonso, el jefe Antifraude de Cataluña, la visita a Interior de Rodrigo Rato y los enfrentamientos entre comisarios policiales.

En la primera lista de testigos, el PSOE tenía la intención de citar al comisario José Villarejo, a Martín Blas, jefe de la Brigada de Asuntos Internos, y al ex DAO de la Policía, Eugenio Pino, entre otros agentes. Sin embargo, el pacto sellado entre el PSOE y PP sólo contemplaba la comparecencia de cargos políticos. Por eso ya desfilaron por la Carrera de San Jerónimo el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; Daniel de Alfonso, ex jefe Antifraude de Cataluña; e Ignacio Cosidó, ex director de la Policía.

OKDIARIO ya publicó el pasado 28 de mayo que la nueva dirección socialista temía que existieran “acuerdos bajo manta” de la Gestora con el PP, en lo que calificaba como “un buen rollo del bipartidismo”. Y señalaba: “Esto se ha terminado”.