Sánchez quiere obligar a que los niños de toda España estudien catalán
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere que la enseñanza de las lenguas cooficiales no se limite a sus respectivas comunidades, sino que se incluya en el curriculum educativo de colegios e institutos de toda España.
La medida se recoge entre los planes del Ejecutivo para el «reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España» y que en su día se plasmaron en una proposición de ley en el Congreso, en tramitación parlamentaria. En este contexto, el Gobierno quiere adoptar «las medidas de fomento que sean necesarias»-de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias-para «favorecer» el estudio de las lenguas que, junto con el castellano, tienen carácter de cooficiales «en todas las enseñanzas del sistema educativo español»-desde Educación infantil a la Universidad-«y para toda España». «Especialmente en las etapas ordinarias del sistema educativo».
El Gobierno quiere incluir el estudio de las lenguas «en todo el sistema educativo» y «para toda España»
Además, según este plan, el Gobierno-en coordinación con las comunidades autónomas-impulsará que se incorpore en todos los planes de estudio «los temas necesarios para que los alumnos de toda la enseñanza obligatoria conozcan la realidad plurilingüe del conjunto de España». Las medidas alcanzan también especialmente a la enseñanza universitaria, con el objetivo de que «ofrezcan titulaciones universitarias para la formación de investigadores y profesionales de todas las lenguas españolas oficiales y para promover la edición de obras científicas y técnicas en las diversas lenguas oficiales». Además, se promoverán los intercambios entre alumnos y personal docente a las regiones con lengua cooficial.
En la propuesta a Torra
El fomento de la diversidad lingüística es una de las prioridades para el Gobierno socialista, pensando especialmente a la relación con la Generalitat. De hecho, así figura en la ‘Declaración de Barcelona’, el acuerdo programático firmado el año pasado por Sánchez y Miquel Iceta y que se utiliza como base en las conversaciones con las autoridades independentistas.
En dicha declaración se considera que «gran parte de la insatisfacción existente en Cataluña se deriva de la falta de reconocimiento de los elementos simbólicos referidos a su identidad nacional y a su historia», y por ello, se propone, entre otros, aprobar una ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística. Otras medidas son «culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado», «asegurar la presencia de Cataluña y de las culturas catalana y aranesa en la UNESCO» o crear una oficina técnica en Barcelona de coordinación de la presencia en dicho organismo internacional «de las diversas lenguas y culturas españolas».
La iniciativa parlamentaria de fomento de las lenguas incluye otras medidas igualmente polémicas, como que su conocimiento sea considerado un mérito en el proceso de regularización por arraigo de los inmigrantes, o que funcionarios de toda España estén obligados a gestionar peticiones en cualquier lengua oficial, lo que obligará a llenar de traductores la Administración.
La propuesta establece también la creación de varios organismos oficiales dedicados en exclusiva a este asunto: un ‘Consejo de las Lenguas Españolas’, adscrito al ministerio de la Presidencia o al de Política Territorial, y encargado del “análisis, impulso y coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas en relación con el uso de las lenguas cooficiales”, y una oficina para labores de asesoramiento.
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