Sánchez quiere imponer la inmersión lingüística en toda la Administración
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere fomentar el uso de las lenguas cooficiales del Estado en la Administración pública, y para ello, facilitará que cualquiera pueda dirigirse a un funcionario, en todos los puntos de España, en la lengua que considere. Eso obligará a las distintas oficinas de atención pública y a los servicios de la Administración a disponer de servicios permanentes de traducción en catalán, euskera y gallego para todos sus procedimientos.
La propuesta figura en la proposición de ley impulsada por el PSOE en el Congreso, el año pasado, y que ahora tendría el apoyo asegurado para salir adelante, gracias al voto de los partidos independentistas. El Ejecutivo modificará la actual ley que regula el Derecho de Petición del ciudadano a la Administración, en concreto el artículo 5, para añadir un punto con el siguiente redactado: «Los peticionarios con residencia habitual en una comunidad autónoma que haya establecido la cooficialidad lingüística tendrán derecho a formular sus peticiones a los órganos de la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con sede fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma en cualquiera de las lenguas oficiales, aunque el procedimiento se tramitará en castellano».
El Gobierno propone modificar la ley de Derecho de Petición del ciudadano a la Administración pública
Actualmente, ese artículo sólo determina que «en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad lingüística, los peticionarios tendrán derecho a formular sus peticiones a la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su elección». Nada se indica, sin embargo, del derecho a pedir la información en otra lengua distinta al español, fuera de la comunidad autónoma que sí tenga reconocida la cooficialidad.
Más catalán, gallego y euskera en TVE
El plan consagra la libertad de elección de la lengua en distintos aspectos-como la tramitación del DNI o pasaportes y otros trámites burocráticos-además de la imposición clara del conocimiento de la «diversidad lingüística» en la enseñanza o, incluso, en la programación de RTVE.
La iniciativa del PSOE busca regular el uso de las lenguas en la enseñanza, la Administración, la empresa o en RTVE
En este sentido, la intención es «impulsar la presencia de las lenguas españolas que, junto con el castellano, tengan carácter de oficiales, en la producción de contenidos de los medios de comunicación social dependientes del Estado», como son TVE y RNE.
Las películas extranjeras, por ejemplo, tendrán que ser dobladas a todas las lenguas cooficiales. Además, el Gobierno «adoptará las medidas necesarias para que progresivamente la programación de los medios de comunicación social de titularidad estatal, contenga una presencia significativa de las obras de los autores y creadores que se expresan en las lenguas españolas cooficiales». Para ello, se potenciará «especialmente» la emisión, en radio y televisión y «en horarios de audiencia significativa» el cine, teatro y música en dichas lenguas.
También en la empresa privada
El plan afecta incluso a la empresa privada. Así, en este ámbito, el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, «impulsará como uno de los valores de la Responsabilidad Social Corporativa de las grandes empresas españolas el conocimiento y el uso de las lenguas cooficiales en el entorno empresarial».
Entre las acciones de impulso se promoverá que estas empresas estén en disposición de ofrecer su información oral, escrita o electrónica en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas en que se ubiquen sus sedes.
El Ejecutivo establecerá un «indicador de usos lingüísticos» como valor para determinar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos.
Uno de los puntos más polémicos, como ya informó OKDIARIO, es que el conocimiento de las lenguas cooficiales será un “mérito” en el proceso de regularización por arraigo de los inmigrantes en esa comunidad. Estas serán algunas de las propuestas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladará a Quim Torra durante su encuentro, el próximo lunes.
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