Sánchez plantea en pleno ‘caso Begoña’ una «reparación pública» para los imputados si no los procesan

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 17/07/2024 06:52
  • Actualizado: 17/07/2024 07:09

Los socios del Gobierno, PSOE y Sumar, han pactado una batería de medidas en el autodenominado plan de «regeneración democrática» que Pedro Sánchez presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados. Entre ellas se modificará la ley orgánica sobre el derecho al honor para incluir una «reparación pública» ante procesos judiciales que no acaben en la apertura del juicio oral y se considere que puedan suponer un desprestigio para el afectado, lo que se conoce popularmente como pena del telediario. La modificación se plantea en pleno caso Begoña Gómez, y ante la inminente declaración judicial de la mujer del presidente del Gobierno, imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El acuerdo entre PSOE y Sumar ha sido confirmado por fuentes de ambas formaciones, que han mantenido discretas negociaciones en las últimas semanas en torno a este paquete de «regeneración». Sánchez avanzó esas medidas de «limpieza» tras los cinco días de «reflexión» para valorar su continuidad en La Moncloa. Ese parón coincidió con el inicio del procedimiento contra Gómez tras conocerse que la mujer de Sánchez había firmado dos cartas para que su socio Carlos Barrabés reforzase las opciones en sendos contratos del Gobierno, que acabó llevándose, por más de 10 millones de euros.

Hace unas semanas, Sánchez ya avanzó que el plan de «regeneración» incluiría una reforma legal sobre el derecho al honor y la rectificación. Ello, según el jefe del Ejecutivo, porque los «pseudomedios» -es decir, los medios que publican informaciones sensibles sobre él, su Gobierno o su familia- gozan de «impunidad».

«Reparación pública»

Esa «reparación pública» se articularía a través de una reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Desde los partidos no se ha aclarado el alcance de la medida, si incluirá indemnizaciones u obligaciones para los medios de comunicación.

La intención es reformar la protección del derecho al honor en el caso de instrucciones judiciales «interminables» y que no llegan a juicio oral, pero que generan titulares que desprestigian al afectado. Según ha considerado el portavoz parlamentario de Sumar, Enrique Santiago, se debe actuar ante investigaciones indeterminadas que no acaban en juicio y de las que no existe «ningún tipo de prueba», que al final tienen un «claro efecto político» para «desprestigiar» a líderes «políticos, sociales y sindicales».

Desde Sumar afirman que aún no está concretado el mecanismo concreto de «reparación» aunque avanzan que una vía es que los medios publiquen los archivos de las causas en el mismo nivel de importancia del que informaron durante la investigación. Santiago ha acusado a los jueces de dilatar, de forma indebida, instrucciones que generan «cientos de titulares» y al final el afectado no es juzgado. El dirigente comunista opina además que «hay digitales que de forma torticera (…) utilizan estos procedimientos para denostar el nombre de las personas».

La medida plantea numerosos interrogantes. Para empezar, qué se consideran «instrucciones judiciales interminables» o qué titulares pueden afectar al «honor» del afectado.

En la actualidad, la ley garantiza la «tutela judicial» para «poner fin a la intromisión ilegítima» en el derecho al honor, en particular, «el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior».

Entre las medidas, «el restablecimiento del derecho violado incluirá la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida» o «la indemnización de los daños y perjuicios causados».

«La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido», recoge la ley vigente.

Imputación de Gómez

La reforma se plantea en plena investigación judicial a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Gómez está llamada a declarar este viernes, después de que el juez decidiese aplazar la primera citación al asegurar la esposa de Sánchez que desconocía los asuntos de los que se le acusa.

El caso se ha complicado en las últimas horas para los intereses del presidente socialista, después de que el socio de Gómez, Barrabés, asegurase ante el juez que se reunió con él en Moncloa en dos ocasiones.