Sánchez e Iglesias acuerdan que los empresarios no puedan pagar en efectivo más de 1.000 euros

El Gobierno y Unidos Podemos han acordado limitar a un máximo de 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales, cuando ahora se permite hasta 2.500 euros, con el objetivo luchar contra la economía sumergida.

Según recoge el documento de acuerdo presupuestario, al que ha tenido acceso Efe, esta limitación de los pagos en efectivo solo afectará a empresarios y profesionales y no a particulares, que podrán seguir efectuando pagos en efectivo de hasta 2.500 euros.

Los empresarios límite 1.000 euros 

El documento explica que los pagos profesionales por encima de determinado importe «deberían realizarse por medios que aseguren su trazabilidad para combatir la economía sumergida»

El jefe del Ejecutivo había citado este jueves a las 8:30 horas al líder morado para rubricar el documento que Gobierno y Podemos cerrando durante la noche este miércoles, tras días de intensos contactos para salvar los escollos que habían surgido en la última fase de la negociación.

Negociación entre líderes

Iglesias y Sánchez terminaron de resolver dichas diferencias en el encuentro que mantuvieron este miércoles por la tarde en La Moncloa y tras revisar el documento los respectivos equipos, el líder de Podemos ha vuelto este jueves para firmar el acuerdo.

El Ejecutivo y la formación de Iglesias llevaban desde el mes de agosto negociando las cuentas públicas y ambas partes preveían tener listo el acuerdo global esta semana, antes de mandar a la Comisión Europea, como tarde el 15 de octubre, las líneas generales del plan presupuestario.

Sin embargo, las negociaciones se estancaron el pasado fin de semana, después de que el Gobierno remitiera a Podemos una propuesta por escrito que resultó «decepcionante» para los ‘morados’, al no plasmar los compromisos verbales que, según Podemos, había manifestado el Ejecutivo.

El partido de Iglesias anunció el lunes que en ese momento estaban en el ‘no’, porque faltaban algunas de las medidas que consideran prioritarias y fundamentales, como las destinadas a pinchar la burbuja del alquiler, la subida del salario mínimo a 1.000 euros en 2019, la recuperación del subsidio por desempleo a partir de los 52 años y la provisión de fondos para pagar las ayudas de dependencia a los beneficiarios que no las cobran.