Sánchez gasta 8 millones en desarrollar robots que reemplacen a guardias civiles en la España rural

El Gobierno de España ha destinado 8.518.400 euros a desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para perseguir delitos en la España rural. Se trata de innovaciones que permitan automatizar cuatro de los grandes ámbitos en los que actúa la Guardia Civil en los pueblos del país: la detección de plantaciones de marihuana, los delitos medioambientales, la sustracción de componentes de maquinaria agrícola y otros bienes de alto valor económico-cultural y el control de eventos multitudinarios.

En la Benemérita hay una gran preocupación porque no se consiguen agentes para cubrir las plazas en zonas interiores del país. Cabe destacar que el Ministerio del Interior está valorando crear una Zona de Especial Singularidad, que en la práctica supone pagar un plus a quienes vayan a, por ejemplo, a puestos de municipios de Teruel o Ciudad Real. Por otra parte, también para paliar este déficit, el Ministerio se ha puesto manos a la obra para, gracias a la tecnología, tener que disponer de menos agentes en estas provincias.

Con diferentes técnicas informáticas los agentes podrán dejar de patrullar sobre el terreno. La empresa contratada tendrá que poner en marcha prototipos de drones no tripulados que puedan detectar plantaciones de marihuana, vertidos ilegales, etc. También se experimentará con colocar dispositivos de rastreo en maquinara agrícola de alto valor o se estudiará cómo gestionar los accesos a fiestas de pueblos con nuevas tecnologías.

Tal como adelanta OKDIARIO, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), órgano que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, se ha abierto una licitación para contratar a una empresa para que desarrolle soluciones de I+D para cubrir los
escenarios de actuación propios de la Guardia Civil en las zonas rurales.

Castilla-La Mancha

«Se pretenden contratar soluciones innovadoras, inexistentes en el mercado, que puedan solucionar las necesidades públicas detectadas por la Dirección General de la Guardia Civil y que se puedan validar en un entorno pre-operacional proporcionado por dicha Administración en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha», explican en los pliegos. Una vez finalizadas las fases de ejecución del contrato, los prototipos resultantes serán validados en entorno real, en zonas de Castilla-La Mancha, por parte del Ministerio del Interior.

En julio se firmó el convenio entre el CDTI y la Dirección General de la Guardia Civil. En agosto se trasladó a las posibles empresas las condiciones del contrato. Se han presentado 12 ofertas procedentes de grandes empresas de las telecomunicaciones, consultoras multinacionales, etc.

Se establecen tres fases: diseño de la solución (4 meses), desarrollo de un prototipo o pruebas de la solución propuesta (10 meses) y verificación pre-operacional (3 meses). La financiación parte de patrimonio propio del CDTI y cofinanciación con fondos europeos.

Los criterios para seleccionar a la empresa son: capacidad de la propuesta para dar respuesta al reto de manera innovadora, el grado de innovación de la solución propuesta, otras características técnicas, la propuesta para asignar los recursos, el plan de trabajo y gestión del proyecto, el plan de viabilidad, el precio total de fases y los retornos económicos futuros.