Sánchez cumple 15 meses en campaña electoral con propaganda pagada por el Estado
Quince meses en campaña pagada por todos los españoles para intentar alcanzar una Presidencia legitimada en las urnas y no en una moción de censura con la ultraizquierda, los separatistas y los proetarras como socios. Este es el tiempo que ya ha cumplido Pedro Sánchez en La Moncloa sin alcanzar su objetivo, al que ha dedicado todos los recursos del Estado a su alcance.
El líder del PSOE se convirtió en presidente del Gobierno el 1 de junio de 2018. Se cumplen, pues, 15 meses sin que Sánchez haya conseguido validar el cargo en las urnas. Los primeros nueve meses los ejerció como presidente investido por Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y Bildu. Cuando el independentismo hizo inviable sus primeros presupuestos, Sánchez convocó elecciones y desde el 28 de abril gobierna en funciones: 127 días este lunes, superando así los 125 que estuvo Rajoy hasta que el PSOE, una vez derrocado Sánchez por el comité federal, decidió desbloquear la investidura del candidato del PP.
Sánchez sumará más de 200 días como presidente en funciones si, como parece, España vuelve a las urnas el próximo 10 de noviembre. Ese, y no otro, es el objetivo del dirigente socialista… salvo que Pablo Iglesias decida a última hora retirar su exigencia de un Gobierno de coalición con dirigentes de Podemos en el Consejo de Ministros para no pasar a la historia como el hombre que tumbó tres veces un Gobierno de izquierdas.
Quince meses como presidente, de los cuales diez fueron sin la celebración previa de unas elecciones y más de cuatro en funciones, han propiciado al líder del PSOE una plataforma que ni un solo día ha dejado de utilizar con fines electorales.
Sánchez sumará más de 200 días como presidente en funciones si España vuelve a las urnas el próximo 10 de noviembre
Si ya desde la confección del Gabinete, Sánchez y el PSOE se sirvieron del Gobierno como catapulta electoral, desde que anunció la cita del 28-A hasta que entró en funciones, el Ejecutivo socialista se desvivió por aprobar mediante decreto medidas -los famosos, y polémicos ‘viernes sociales’- que le costarán a España, según las memorias económicas de cada proyecto, alrededor de 2.770 millones de euros en 2019, más del doble de lo previsto.
Sin capacidad ejecutiva desde el 28 de abril, Pedro Sánchez ya no puede hacer campaña con el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero no por ello deja de utilizar su figura institucional para buscar réditos electorales, ya sea la cumbre del G7, la crisis generada por el Open Arms, los incendios en Canarias… o en la Amazonia.
Sin control político
Y todo ello sin el coste del control parlamentario, pues la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene de facto cerrado el Congreso. Maniobra que los socialistas criticaron a Rajoy y que el Tribunal Constitucional echó por tierra al declarar que un Gobierno en funciones debe seguir rindiendo cuentas ante el Parlamento aunque carezca de capacidad ejecutiva.
Así las cosas, cuando el riesgo de le repetición electoral se acerca, Sánchez ni negocia ni gobierna, sólo interpreta el escenario. Es el sanchismo, definido por el exdiputado socialista Jesús Cuadrado como «un negocio electoral que utiliza un imaginario nostálgico de la izquierda como mercancía y trata a los electores como vegetales».
Las decenas de reuniones que Pedro Sánchez está celebrando con los denominados ‘colectivos sociales’ son una prueba más de ello. Se cita con los afines, elude a los más críticos y regala los oídos con la vista puesta en el 10-N («Si no lo puedo hacer ahora será un compromiso electoral»), todo para arrinconar a Podemos y dejarle sin relato ante la posibilidad de que no fragüe el Gobierno monocolor de izquierdas que él debe presidir.
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