Restaurar la ley y preservar los derechos de todos los catalanes, objetivos de las medidas del 155

El golpe antidemocrático en Cataluña ha obligado al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución por primera vez en la historia. Esta herramienta constitucional en ningún caso supone una suspensión de la autonomía, sino que habilita al Gobierno para adoptar «las medidas necesarias» para restaurar la legalidad cuando una Comunidad autónoma atente gravemente contra «el interés general de España».

Las medidas que el Gobierno de Rajoy enviará al Senado para alcanzar su previa autorización se plantean de forma garantista «persiguiendo en todo caso asegurar derechos y no restringir libertades». Pretenden alcanzar estos cuatro grandes objetivos:

1. Restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña. Son los dirigentes sediciosos los que han vulnerado la legalidad, no solo constitucional, sino también la que los propios catalanes se dieron así mismos mediante el Estatut. Por eso, el Gobierno se propone «garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. Preservar ese autogobierno es proteger la autonomía».
2. Asegurar la neutralidad institucional. La Generalitat ha encarnado el proyecto político del independentismo, dejando de lado las aspiraciones de aquellos catalanes que no comparten el objetivo de la secesión. De ahí que el Gobierno se proponga revertir esta situación en la que «la Generalitat ha obviado el interés general de los catalanes en favor del ideario independentista de una parte de ellos».
3. Garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica. El Gobierno alega que la independencia de Cataluña implicaría un desastre económico para todos los catalanes. Supondría su aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales. Y esto, según el Gobierno, «llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25 y el 30 por ciento, resultando una coyuntura económica insostenible. Esta situación no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger».
4. Preservar los derechos de todos los catalanes. Alega el Gobierno que «cuando las instituciones incumplen y justifican el incumplimiento de la ley, vienen a arrogarse la capacidad de actuar fuera de cualquier norma y de ejercer, por ende, un poder sin control y sin límite. Una situación en la que los derechos y libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y, más aún, la arbitrariedad de sus gobernantes».