Se reformará la Constitución para aclarar la sucesión al trono y reducir el número de senadores

Si Podemos quiere abrir un proceso constituyente para impulsar un auténtico cambio de régimen, PP y Ciudadanos han acordado promover un gran Pacto nacional de todas las fuerzas constitucionalistas para defender la Carta Magna y la unidad de España. Con el compromiso expreso de defender la soberanía nacional e impedir que se celebre un referéndum de independencia «de cualquier parte del territorio nacional».

Pero además, PP y Ciudadanos han acordado poner en marcha una reforma exprés de la Constitución, basada en las cuatro propuestas que planteó el Consejo de Estado en febrero de 2006, por encargo del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata, por un lado, de eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, que en la redacción actual de la Carta Magna primó a Felipe de Borbón como heredero de la Corona, por delante de sus hermanas mayores. Con este cambio, en el futuro la sucesión corresponderá al hijo primogénito de los Reyes, independientemente de que sea hombre o mujer.

Las recomendaciones del Consejo de Estado, que PP y Ciudadanos han asumido ahora, también incluyen incorporar en la Carta Magna la denominación oficial de las Comunidades autónomas (podría incluirse en los artículos 137 y 143 o en el Título Preliminar), así como un mecanismo para adaptar el texto constitucional al proceso de construcción de la Unión Europea.

No se eliminan las Diputaciones

La cuarta propuesta se refiere a la reforma del Senado para reducir en 25 el número de senadores y especializar sus funciones. Por ejemplo, para que sea la Cámara encargada de debatir la financiación autonómica o los grandes planes nacionales de infraestructuras.

PP y Ciudadanos también han acordado reformar la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para evitar las actuales desigualdades entre regiones, y mejorar la financiación de los ayuntamientos.

Aunque Ciudadanos proponía eliminar las Diputaciones (cuyas competencias podrían ser asumidas por los gobiernos autonómicos), PP sólo se ha comprometido a revisar la organización de las Administraciones para evitar duplicidades y gastos superfluos. Pero sin reducir los servicios ofrecidos a los más de 15 millones de españoles que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Por último, el pacto suscrito este domingo incluye el compromiso de «garantizar un modelo de servicio público para RTVE basado en su independencia, calidad y neutralidad política, asegurando que la selección de sus directivos se realice a partir de criterios de profesionalidad y excelencia».