Rajoy suspenderá la autonomía de Cataluña si hay referéndum
El Gobierno no está dispuesto a dar un paso atrás ante el desafío planteado por la Generalitat. La paciencia del Ejecutivo se agota ante los nulos avances en el diálogo planteado a Carles Puigdemont. Mariano Rajoy está dispuesto a suspender la autonomía de Cataluña si el president sigue adelante con sus plantes de celebrar el referéndum ilegal.
La ausencia de Puigdemont en la conferencia de presidentes autonómicos, pese a los ímprobos esfuerzos de la vicepresidenta del Gobierno, abrió los ojos al Ejecutivo y demostró la imposibilidad de dialogar con quienes no están por la labor. Pese a que Mariano Rajoy no ha desistido en su empeño de tender la mano a las autoridades catalanas para llegar a un entendimiento, la cerrazón de Puigdemont y sus socios de gobierno ha terminado por hartar al Ejecutivo.
El secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, dejó bien claro este miércoles que el Gobierno está dispuesto a tomar «las medidas necesarias» para evitar otro 9-N. Señalaba como ejemplo, precintar los colegios electorales donde se pretende llevar a cabo la consulta ilegal, pero las acciones por parte del Ejecutivo serán proporcionales a los envites que plantee la Generalitat».
El Ejecutivo tiene un plan
El Ejecutivo ha confirmado este miércoles que tiene un plan contra el referéndum, con medidas tanto jurídicas como coercitivas. Bermúdez de Castro ha afirmado que la labor del Gobierno será «hacer que se cumpla la legalidad vigente» y ha asegurado que el referéndum «no se va a celebrar porque es ilegal». Según ha indicado, en el Ejecutivo no creen que el Gobierno de Carles Puigdemont «fuerce tanto la máquina».
Pero, ¿y si lo hace? Sería entonces cuando el Gobierno de Rajoy optaría por suspender funciones de la autonomía de Cataluña. El artículo 155 de la Constitución prevé textualmente que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», el Gobierno debe dar varios pasos:
El primero, requerir expresamente «al presidente de la Comunidad Autónoma» que atienda sus obligaciones legales y, «en el caso de no ser atendido», llegaría el segundo paso. Entonces, «con la aprobación por mayoría absoluta del Senado», el Ejecutivo central «podrá adoptar las medidas necesarias para obligar» a la Comunidad Autónoma en cuestión «al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Es decir, el 155 permite al Gobierno suspender determinadas atribuciones de un Ejecutivo autonómico e intervenir sus mecanismos administrativos. Y si el gabinete de Mariano Rajoy actualmente está en minoría en el Congreso, no lo está en el Senado, donde goza de la mayoría absoluta que le permitiría tomar esta iniciativa.
Firmeza y prudencia
En cualquier caso, ése sería el escenario extremo, y Bermúdez de Castro ha preferido este miércoles mezclar la firmeza con la prudencia. Así, ha insistido en que «a cada paso que se dé en contra de la legalidad vigente, el Gobierno de España dará otro paso para cumplir la legalidad vigente», porque «el Estado tiene los mecanismos necesarios» para ello. Además, ha añadido que cualquier medida que se tome «será siempre proporcional» a las actuaciones de los líderes independentistas.
En relación con la ‘operación diálogo’ entre el Gobierno central y la Generalitat, el secretario de Estado de Administración Territorial ha dicho que por su parte están «dispuestos a hablar con todo el mundo», pero que los dirigentes independentistas «han llegado a semejante deriva que están intentando reventar como se pueda».
En este contexto, ha afirmado que sobre el documento con 46 demandas que Puigdemont entregó al Gobierno en 2014 «no han vuelto a preguntar más», pese a que el Ejecutivo ha «buscado muchas soluciones» a esos puntos.
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