Los radicales encausados por desórdenes en el traslado de los golpistas preparaban su fuga con los CDR

Los terroristas CDR, miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República, plantearon ayudar a huir de España a un encausado en el procedimiento judicial conocido como Los 9 de Lledoners. En esta causa se imputó a varios independentistas por agredir a los Mossos d’Esquadra, en una manifestación frente a la prisión catalana que trataba de impedir que los condenados por el 1-O fueran trasladados a las cárceles madrileñas para ser juzgados en el Tribunal Supremo.

Estos nueve independentistas se encontraban el 1 de febrero de 2019 en un punto de la carretera C-55 de Cataluña. El objetivo era sabotear el traslado a Madrid de los líderes que convocaron el referéndum ilegal para que fuesen juzgados por el Alto Tribunal. Para ello, llenaron la calzada de aceite, lo que provocó la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el altercado varios agentes resultaron heridos. Se abrió un proceso judicial contra estos radicales en el que la Generalitat está personada como acusación, en representación de los Mossos heridos.

Ante una posible condena, uno de los encausados solicitó ayuda a los independentistas CDR para huir de España en el caso de resultar finalmente condenado. El sumario de los CDR que instruye el juez Manuel García-Castellón, en el que se investiga un delito de organización terrorista, recoge la conversación mantenida entre dos de sus miembros para planificar la fuga de uno de los suyos a lo Puigdemont.

El informe, elaborado por la Dirección de Información de la Guardia Civil, recoge un chat de dos imputados por un presunto delito de terrorismo: Esther García y Jordi Ros. Éste último formaba parte del «núcleo productor» de explosivos. El diálogo que ambos mantienen el 9 de agosto de 2019 es el siguiente:

Esther García: ¡Ey! Una consulta. Si un encausado de Los 9 de Lledoners se quisiera exiliar en el caso de que tuviera que entrar en prisión. ¿Hay ruta?

Jordi Ros: Sí, estamos trabajando en ello.

Esther García: ¡Guay! Gracias.

Jordi Ros: El tema es el de siempre, el dinero. Hay una manera.

Esther García: Dinero habría.

Jordi Ros: Tarjeta de prepagos de Correos, que pueden ir a nombre de X persona que se queda. Por cada 10 se ingresan 9 y 1 es comisión.

Esther García: Ok, ok. Pues si elige hacerlo te aviso. ¿Te parece?

Jordi Ros: Sí.

Esther García: Ok. Gracias.

Jordi Ros: Necesitamos un lugar seguro en Hostalric (Gerona) y un contacto en Maçanet de Cabrenys (municipio gerundense próximo a la frontera francesa). La salida nunca sería por La Junquera (Gerona).

Esther García: Ok. Pues puedo mirar a ver si consigo lo de Hostalric.

Jordi Ros: ¡Genial! No repetiremos de ninguna manera el nombre de estos dos pueblos.

Esther García: Ok.

Unos días después, el 13 de agosto de 2019, los dos interlocutores vuelven a contactar. El informe de la Benemérita subraya lo siguiente: «Ese día la conversación se inicia cuando Esther, continuando con la búsqueda de contactos en diversas poblaciones catalanas, le dice que la persona que había pensado de Hostalrich no se quiere meter. Jordi le pregunta de qué comarca es el imputado en la causa de Los 9 de Lledoners (la persona que podría tener la intención de fugarse). A lo que ella contesta que de El Bages (Barcelona)».

«Después», continúa el relato de la Guardia Civil, «Jordi le pregunta si hay dinero o hace falta buscarlo en las cajas de resistencia. Ella le responde que tendrán dinero y a continuación le dice que el contacto que pueden tener en Sort (Lérida) es la sociedad Garatge Nou Esport SL, que presta servicios de grúas, aunque no conoce personalmente a la persona que está detrás de esa sociedad», explican los investigadores.

Quim Torra

Precisamente, en esa misma fecha el entonces presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, llamó a los imputados en la causa de Los 9 de  Lledoners para ofrecerles una rebaja de condena. La Generalitat, atendiendo a la Ley 5/2015 de 30 de octubre, se vio obligada a personarse para defender a los agentes de los Mossos, pero eso no gustó al núcleo duro de los independentistas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Manresa (Barcelona) imputó a los nueves independentistas por cinco delitos de robo con fuerza, lesiones, atentado contra la autoridad, riesgo para la circulación y desórdenes, delitos que suman hasta doce años de cárcel.

La juez ya ha enviado al banquillo de los acusados a estos imputados para los que la Fiscalía solicita entre 3 y 7 años de cárcel. Por el momento, el gobierno autonómico todavía no ha presentado su escrito de acusación.