Torra viaja a Bruselas para reunirse con los fugados Puig, Serret y Comín
El president de la Generalitat, Quim Torra, viaja este martes a Bruselas para reunirse con los tres ex consellers fugados de la Justicia española. El encuentro con Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig se produce sólo 24 horas después de que Torra haya decidido proponer nuevos consellers para desbloquear la situación del Govern.
Como había anunciado tras tomar posesión de su cargo al frente de la Generalitat, Torra va a cumplir –ya lo hizo visitando a Puigdemont en Berlín– con lo prometido y se va a reunir con los «exiliados» ex consellers que todavía permanecen en Bruselas.
Torra quiere, de esta manera, demostrarles su afecto y su solidaridad por encontrarse lejos de sus casas «por culpa de la persecución política» a la que, según el ideario independentista, están sometidos todos los miembros del Govern que organizó y ejecutó el golpe de Estado del 1-O en Cataluña.
Este gesto de Torra está directamente entroncado con las decisiones que ha tomado este lunes el president. Por un lado, ha decidido nombrar a cinco nuevos consellers –limpios de causas penales– con los que pretende desbloquear la situación en la que se encuentra actualmente Cataluña, con un presidente que ha tomado posesión pero sin Govern por su intento de saltarse las decisiones judiciales nombrando a ex consellers que se encuentran huidos o en prisión.
Elsa Artadi, asumirá Presidencia y portavocía, Ángeles Chacón para Empresa, Alba Vergés para Salud, Damián Calvet para Territorio y Laura Borràs para Cultura, son las nuevas caras de este nuevo Govern ‘blanqueado’.
Artadi ha sido siempre un fijo en las quinielas, incluso en sustitución de Carles Puigdemont como candidata a la presidencia de la Generalitat. Ahora, asume el cargo más relevante del organigrama, tras Torra. Un puesto para el que se había designado en un primer momento a Jordi Turull, en prisión.
Este mismo lunes, a la vez que anunciaba los nuevos nombramientos, Torra ha ordenado que se presente una querella por prevaricación contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por negarse a publicar el nombramiento de los consejeros presos y fugados aún con el aval de los servicios jurídicos del Govern, según los cuales, no habría ningún obstáculo para que ejercieran desde prisión o el exterior.
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