Querella contra Sánchez e Iglesias por el acceso del vicepresidente a los secretos del CNI

La polémica decisión de Pedro Sánchez de incorporar a Pablo Iglesias «de una forma arbitraria y torticera» a la Comisión Delegada del Gobierno en Asuntos de Inteligencia -para «hacer cumplir la voluntad caprichosa de incluir al vicepresidente segundo» en el órgano de gestión de los secretos oficiales del CNI- acumula un nuevo frente judicial. El partido Laócrata ha registrado este martes ante el Supremo una querella contra Sánchez e Iglesias por un presunto delito de prevaricación tras designar al líder de Podemos como miembro de la Comisión «sin cumplir los requisitos legales».

El nombramiento del ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 supone, a juicio de los laócratas, «un abuso de competencias patente y grosero» que «desborda la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, y muestra una desviación o torcimiento del derecho» por parte del Gobierno para incorporar a Iglesias en una institución que maneja información sensible para nuestro país. La Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá ahora que decidir si admite la petición y si se pronuncia sobre la misma.

El pasado 25 de febrero, el Consejo de Ministros a propuesta de Sánchez aprobó el Real Decreto 399/2020 por el que se establecieron las Comisiones Delegadas del Gobierno, con los integrantes y designaciones de cada una de ellas, para la actual legislatura, ignorando las exigencias legales para el acceso de Pablo Iglesias al CNI.

La ley impide que el vicepresidente pueda sentarse en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia por sus vínculos con países como Irán, Venezuela, Bolivia y Ecuador. El líder de Podemos está obligado a rendir cuentas sobre su relación con gobiernos, personas o servicios de inteligencia de países fuera ajenos a la Organización del Atlántico Norte (OTAN) a la que pertenece España. En el caso de que oculte u omita datos en la declaración jurada que debe entregar al CNI, la institución podrá negarle el acceso a la información sensible sobre cuestiones de Estado.

Antes de tener acceso a ningún documento confidencial, Iglesias deberá cumplimentar un formulario de seguridad del CNI denominado ‘Declaración Personal de Seguridad’ (DPS-101). Y la pregunta más crítica para Pablo Iglesias se encuentra en el punto 6.3 de ese documento, donde pide al candidato que describa la «relación con personas de países que no sean miembros de OTAN/UE o con gobiernos/servicios de inteligencia extranjeros».

La lupa del Supremo

La querella del partido Laócrata se suma al recurso de Vox sobre la misma cuestión que ya está bajo la lupa del Supremo. El Alto Tribunal admitió la semana pasada el recurso planteado por Vox contra la decisión del Gobierno que acordaba incluir al vicepresidente segundo en el órgano encargado del seguimiento de los objetivos y la información del CNI.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo decidirá si, tal y como planteó la formación de Santiago Abascal, el Gobierno ha cometido una «torpeza» con el Real Decreto 399/2020 que ha dado a Iglesias acceso a los secretos de Estado sin tener en cuenta que la ley actual no lo permite. La normativa vigente, asegura Vox en su escrito, sólo reconoce la posibilidad de incluir a un vicepresidente que, en este caso, y dado que es la primera del Ejecutivo de Sánchez, debe ser Carmen Calvo.

«Se desconocen las razones que han podido llevar al Consejo de Ministros a considerar que el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 debía acceder a la información sensible que centraliza el CNI pero, con tal previsión, ha obviado que la voluntad del Legislador fue que dicho acceso estuviera limitado a los miembros del Gobierno que determina taxativamente la ley», asegura la formación de Abascal ante el Supremo.

A juicio de Vox, si Sánchez quiere mantener su decisión de que Iglesias forme parte del CNI es imprescindible plantear antes una reforma legal.