Queda visto para sentencia del juicio por los ERE irregulares de la Junta de Andalucía

Acaba uno de los juicios de corrupción más complejos, el que sienta en el banquillo a dos expresidentes de la comunidad que a su vez fueron presidentes del PSOE. Se trata del juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta. Queda visto para sentencia tras 152 sesiones durante más de un año en el que el tribunal ha oído a más de 120 testigos, nueve peritos y los acusados que afrontan hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación.

Informes finales

El abogado del e xconsejero de Empleo José Antonio Viera terminará de exponer su informe final, que comenzó a última hora del miércoles y ocupó la sesión extra habilitada el jueves de la semana pasada en la que se preveía que podía terminar el juicio.

No obstante, al alagarse este informe no fue así, ya que tras el letrado de Viera, José Manuel Herrera, aún debe intervenir el letrado José María Mohedano en representación del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, una vez que este abogado, que también defiende al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ya expuso el informe de defensa de éste.

Con ellos las defensas concluirán las exposiciones de sus informes finales, en los que coinciden en pedir la absolución de todos los acusados al no considerar que cometieran los delitos de prevaricación y malversación por los que les acusa la Fiscalía Anticorrupción y el PP-A (Manos Limpias retiró la acusación de malversación) y a los que las defensas critican la «indefinición» de los hechos concretos que imputan a cada procesado.

Derecho a la última palabra

Tras ello, el magistrado Juan Antonio Calle -que preside el tribunal- dará la oportunidad a los 21 acusados de ejercer su derecho a una última palabra, si bien en principio la mayoría no tiene intención de hablar más allá de un agradecimiento protocolario al tribunal, ya que sus abogados no les recomiendan decir nada, aunque en última instancia ellos deciden.

Con ello, el juicio quedará visto para sentencia, un fallo que el tribunal ya ha dejado claro que tardará al menos seis o siete meses por lo que no se prevé que se conozca antes de julio y está por determinar si se hará una lectura pública como en otras macrocausas de corrupción.