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El partido de Pedro Sánchez acaba de registrar un documento en el Congreso de los Diputados en el que recoge su plan para la cadena alimentaria y para el campo. Un plan de “digitalización”. Lo hace cuando tiene a agricultores, ganaderos y transportistas en pie de guerra por el brutal encarecimiento de los carburantes y por estar al borde de la quiebra.
El PSOE tramita ya su solución al campo y al sector de la alimentación. Un texto registrado este mismo martes en el que el partido de Pedro Sánchez pretende que «el Congreso de los Diputados» inste al “Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y las administraciones Locales a dotar a las empresas y autónomos con los recursos del Perte Agroalimentario”. ¿Y qué significaría eso? El texto también lo contesta: se trataría de incentivar “la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la producción de alimentos, apoyando el proceso de innovación y digitalización para todos los agentes que forman parte de su cadena de valor”. Porque, según los socialistas, de ese modo, se podría “lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones, para que siga siendo un valor estratégico innegable para la economía nacional y una industria de referencia europea”.
Ni una mención al precio del gasóleo, ni a la subida de las cotizaciones, ni de los costes medioambientales, ni de la carga tributaria, ni de la imposible competencia con los productos venidos de países con menores costes, ni del auge del salario mínimo interprofesional, ni de los ataques a la carne.
“Digitalización”. Una palabra mágica que, por lo visto, dispara la “competitividad” y garantiza “el valor estratégico innegable para la economía nacional”. El PSOE menciona para defender su postura “el informe Food and Drink Europe 2021”, que, dicen los socialistas, afirma que “la industria de alimentos y bebidas de la UE emplea a 4,5 millones de personas, genera una facturación de 1,1 billones de euros y 222 mil millones de euros en valor agregado, lo que la convierte en una de las industrias manufactureras más grandes de la UE”.
Y mientras “con respecto a España, el sector agroalimentario representa el 10% del Producto Interior Bruto. Este sector, durante la COVID-19, ha desarrollado una labor fundamental en el abastecimiento de alimentos y bebidas, demostrando ser un sector productivo fuerte y resiliente”.
Los socialistas añaden que “si atendemos a las características propias de este sector en nuestro país, nos encontramos con una serie peculiaridades propias sujetas a varios condicionantes”. Por un lado, “y al igual que el resto de sectores, a las incertidumbres económicas generales. Por otro, a las distintas contingencias que hacen más difícil la viabilidad. Como es el caso de las vicisitudes climatológicas y en la vertibilidad de los precios que hacen que este sector sea más peculiar con respecto al resto”.
Acto seguido, el PSOE pasa a referirse a“la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria” que ha dotado “al sector de un respaldo legalque prohíbe la venta a perdidas, dicen desde el PSOE” y esto “se traduce en la reducción del desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor y garantizando una competencia más justa, protegiendo así al eslabón más débil de la cadena agroalimentaria”.
Según los datos Instituto Nacional de Estadística, las ramas de actividad con mayor contribución a la facturación industrial en 2019 fueron la Industria de la Alimentación (con el 16,3% del total), Producción, Transporte y Distribución de energía eléctrica (11,3%) y Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (11,1%).
Y, según el PSOE, esos “datos demuestran que el valor estratégico del sector en España es innegable, pero cuenta, a su vez, con un alto nivel de atomización debido a que está conformado por un gran número de pequeñas y medianas empresas arraigadas en el territorio rural”. Y “esta realidad, puede ser, en un principio, una debilidad”, señalan.
De nuevo, sin mención alguna a ni uno sólo de los problemas denunciados por los sectores. Es más, los socialistas siguen en sus trece y afirman que “si se apuesta por la transformación y digitalización del sector agroalimentario, puede convertirse en una fortaleza con dos consecuencias claras en nuestro país: Por un lado, dotar a las PYMES de un aumento de la competitividad y al mismo tiempo, contribuir a la cohesión social y territorial de nuestras zonas rurales, con el objetivo de luchar contra la despoblación”.
Es más, el partido de Sánchez insiste en que “con la digitalización en este sector se apuesta por la investigación y el desarrollo, fortaleciendo así el papel que tienen las PYMES en las zonas rurales. Consiguiendo así una mejora de la competitividad, sostenibilidad, una reducción de los costes y la creación de nuevos productos consiguiendo un valor añadido al producto final”.
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