El PSOE subvenciona a la asociación de un condenado de ETA que denuncia «torturas de la Policía»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 29/10/2023 06:45
  • Actualizado: 29/10/2023 09:41

El Gobierno de Navarra, que preside la socialista María Chivite, subvenciona a la asociación Red de Personas Torturadas en Navarra, de cuya dirección forma parte Jorge Chocarro Zoco, condenado en 2008 a ocho años de cárcel por integración en organización terrorista como dirigente de las Gestoras Pro-Amnistía, entidad de la órbita etarra. Zoco era el responsable del área Alde Hemendik (Fuera de aquí), con el que el entorno de ETA presionaba, entre otros, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para forzar su salida del País Vasco y Navarra.

La subvención forma parte de las ayudas concedidas por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Ejecutivo foral. En concreto, de una línea de subvenciones para «impulsar la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas y la difusión de los valores vinculados a una cultura de paz, convivencia y derechos humanos». Estas ayudas financian, entre otros proyectos, «jornadas, producciones audiovisuales y exposiciones sobre las víctimas del terrorismo y el post terrorismo».

«Organización terrorista»

Según determinó la Audiencia Nacional, Gestoras Pro-Amnistía era una «organización terrorista, por cuanto en pro del diseño político que le une en estos términos con ETA, avanza en su desarrollo bajo la dependencia de aquélla para lograr el derrocamiento de España en el territorio del País Vasco». Y añadía: «Gestoras Pro-Amnistía se encarga de socializar, a través de la sensibilización social, lo que el brazo armado por sí mismo no puede acometer». En ese fin,  «la violencia armada, materializada por unos cuantos, es compartida por todos».

Según los jueces, la banda terrorista se valía de gestoras «para hacer llegar a los presos las instrucciones a las que han de someterse, pues, de no cumplirse y en caso de manifestarse contrarios a la lucha armada, se procede a la expulsión de la militancia, por adoptar soluciones personales y derivadas del rechazo a la misma».

A Gestoras le correspondía pues «señalar públicamente, aunque en términos fundamentalmente políticos, a toda persona, grupo, organización y partido político a los que les hacen responsables del marco que no logran alcanzar».

Chocarro denunció torturas en dos ocasiones. Una de ellas, en 2002, cuando fue detenido por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica. No llegó a ser juzgado por esta causa, aunque pasó dos años en prisión preventiva. En una entrevista en El País, Chocarro aseguró haber sufrido «torturas salvajes» en estas detenciones.

En 2021, Chocarro ya fue recibido por el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, a quien reclamó «situar a las víctimas de la tortura en el ámbito de reconocimiento y reparación». «La tortura, que ha gozado de total impunidad, es un problema social y como tal deseamos dar a conocer nuestra realidad», manifestó entonces.

Ley aprobada por Chivite

Cabe recordar que Navarra cuenta con la llamada Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Una norma polémica que equipara a las supuestas víctimas de la «violencia» del Estado con las de ETA. Con esta ley, cualquier persona podrá solicitar un reconocimiento o incluso una compensación de hasta 500.000 euros -equivalente a una invalidez permanente de una víctima de ETA- acusando de agresión física o moral a funcionarios policiales.

A principios de año, el Gobierno de Navarra presentó un informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC), que sostiene que, de 1979 a 2015, se ha «identificado» a 676 personas que «denuncian» haber sufrido torturas y otros malos tratos en la Comunidad Foral.

El informe –Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad– criminaliza a la Policía, Guardia Civil y otros funcionarios públicos, sin aportar sentencias judiciales. Además, apunta abiertamente a que gran parte de los supuestos torturados eran etarras: «El número de casos denunciados nos permite hablar de abusos a escala importante que, utilizados en un contexto determinado –la lucha antiterrorista principalmente-, se han perpetuado hasta tiempos muy recientes, si bien es cierto que, en menor medida, en los últimos años».