El PSOE declaró a la separatista Òmnium Cultural asociación de «utilidad pública» en 2009

El PSOE declaró a la separatista Òmnium Cultural asociación de utilidad pública en 2009, con José Montilla al frente de la Generalitat y siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sería el Ejecutivo de este último quien, en septiembre de 2007, transfiriese al Gobierno catalán competencias en la materia.

La Consejería de Justicia, dirigida entonces por la también socialista Montserrat Tura, concedió a la entidad independentista la categoría de utilidad pública lo que le permitió acogerse, desde dicha fecha, a los beneficios previstos en la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación en España.

Según el artículo 33 de dicha norma, las asociaciones de utilidad pública podrán «disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente» y de los «beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas» además de recibir «asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica».

En la práctica, esto permitió que Òmnium Cultural accediese a mayor número de ayudas públicas e incrementase las cuantías de las subvenciones directas a fondo perdido recibidas hasta entonces, para la financiación de las actividades propias del objeto con el que fue constituida.

Así como que haya podido desgravarse, en las declaraciones de IRPF e impuesto de Sociedades, los importes de todas las aportaciones y donaciones recibidas, tanto de personas físicas como jurídicas.

12 millones de euros públicos

Òmnium Cultural, entidad presidida por Jordi Cuixart -actualmente en prisión provisional como presunto autor de un delito de sedición-, habría recibido, según los informes resultantes de las investigaciones policiales tras el 1O, inyecciones de dinero público por valor de 12 millones de euros con el objetivo de fomentar un «permanente clima de confrontación social» en Cataluña.

Algunas de las conclusiones que la Guardia Civil extrae de sus pesquisas determinan que la separatista Òmnium Cultural habría conseguido la millonaria suma gracias a las inyecciones de dinero público proporcionadas durante años por los diferentes gobiernos de la Generalitat.

Los agentes responsables del caso consideran que bajo la presidencia de Carles Puigdemont, tanto Òmnium Cultural y la ANC, habrían puesto en marcha “una auténtica maquinaria de adulteración social” dedicada a “sembrar un sentimiento de odio”a España orientado a la ruptura del orden constitucional y a la consecución de la declaración de independencia en Cataluña.

Y para ello la Administración catalana habría alimentado, sistemática y reiteradamente a las entidades separatistas, a través de diferentes instituciones locales y autonómicas, con ingentes y generosas cantidades de dinero público.