Los procuradores denuncian que España está «a la cola del pelotón en la ejecución de sentencias»
Dos ex ministros del PSOE y otros dos del PP se ofrecen a mediar para alcanzar ya un acuerdo en el CGPJ
El Consejo General de Procuradores de España presenta su nueva imagen corporativa
Entre el jueves y el sábado se han celebrado en la ciudad de Huesca las XII Jornadas de Juntas de Gobierno del Consejo General de Procuradores de España bajo el lema El procurador como cooperador jurídico necesario de la Administración de Justicia, que se desarrollaron en el Palacio de Congresos de la capital del Alto Aragón y en las que los colegios de procuradores afrontaron los retos de la transformación profesional.
El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, señaló en el acto inaugural que el objetivo de las jornadas era «repasar las cuestiones de actualidad de la procura y de la propia Justicia.y diseñar la hoja de ruta de la procura definiendo los objetivos básicos que se deben perseguir y alcanzar».
La primera jornada, a la que asistió la secretaria de Estado de Justicia, Ana María Sánchez Hernández en representación de la ministra Pilar Llop, el alcalde de Huesca Luis Felipe Serrate y las autoridades judiciales de Aragón, tuvo como protagonistas a cuatro exministros de Justicia, Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo, en la que, con gran sintonía, debatieron sobre la situación de la Justicia y sus necesidades. Con cierto sentido autocrítico todos se lamentaron de no haber podido en sus mandatos llegar al final de las reformas emprendidas.
Así el ex ministro Ruiz-Gallardón llegó a afirmar, refiriéndose a los ex ministros presentes que «tenemos una comprensión del servicio público muy por encima de la tribu en la que nos ha tocado canalizar nuestras inquietudes políticas». Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)todos coincidieron en que se debía cumplir con la Ley y mantener la institucionalidad constitucional.
Tras esta primera jornada de carácter más político los representantes procuradores dedicaron el resto del programa a debatir sobre cuestiones profesionales tales como la reciente reforma de los aranceles de la procura, cuya reglamentación se está en este momento negociando con el Ministerio de Justicia. «Pronto habrá noticias, soy optimista ya que tenemos un texto casi consensuado», según informó el presidente Juan Carlos Estévez.
Las competencias sobre la ejecución de sentencias, otra de las grandes demandas de la profesión, fue también uno de los ejes de la discusión de las jornadas, que no consideran una demanda «corporativista». Sobre esta cuestión los procuradores concluyeron que «aunque la Justicia española funciona muy bien y es de las mejores del mundo en fase declarativa, en calidad y en celeridad, al hablar de la ejecución de sentencias, estamos a la cola del pelotón porque las ejecuciones se demoran. Esta situación en la mayoría de los países la tienen resuelta a través de unos profesionales que se llaman agentes de ejecución y en España los procuradores somos los llamados a realizar esta labor. Solo hace falta una ley que lo regule».
Otras cuestiones como la necesaria implementación de la tecnología al día día de la profesión, la conciliación, o la mediación y arbitraje, una de las grandes apuestas de los procuradores para resolver extrajudicialmente asuntos que ahora saturan y colapsan la Administración de Justicia.
También se acordó la implantación en los colegios de procuradores de sistemas de auxilio y colaboración con las víctimas del delito y especialmente las de violencia de g
Estévez se felicitó por el éxito del encuentro y animó al conjunto de los operadores jurídicos a «contar con la procura y la cercanía y experiencia de sus profesionales» para mejorar una Justicia que debe estar siempre al servicio del ciudadano». Al acto de clausura asistió la presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano, una de las candidatas del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial para ocupar una de las plazas de magistrado del Tribunal Constitucional que debe nombrar el órgano de gobierno de los jueces.
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