Procesan al alcalde de Tarragona y otras 14 personas financiar al PSC con dinero público

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona ha procesado al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, y a otras 14 personas por financiar ilegalmente al PSC, presuntamente, al contratar a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona a la empresa Inipro para que trabajara en beneficio del PSC, y considera al partido como responsable a título lucrativo.

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez da por finalizada la instrucción del caso encontrando indicios de la comisión de distintos delitos contra Ballesteros y otras 14 personas y da traslado a las acusaciones y defensas para que hagan el escrito y propongan, si lo consideran, nuevas pruebas.

Les atribuyen los presuntos delitos de alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública, ya que según el juez se usó dicho instituto municipal como «instrumento de financiación de una actividad que tan solo beneficiaba al PSC».

Según el auto de apertura de procedimiento abreviado del juez Joaquín Elías, los hechos se remontan al verano de 2009 cuando Ballesteros, como máximo responsable de la agrupación local del PSC de Tarragona y alcalde de la ciudad, y la máxima responsable del área de comunicación, F.E., actuaron «puestos de común acuerdo y con la finalidad de planificar la estrategia a seguir para mantener el gobierno municipal» de cara a las elecciones de 2011.

Para ello, decidieron buscar a personas que trabajaran para los intereses electorales del PSC y que se dedicaran a promocionar y cuidar la imagen institucional del alcalde en medios de comunicación y redes sociales «logrando con ello un sustancioso rédito para el alcalde y los miembros del Gobierno municipal, y para el partido que lo sustentaba, el PSC».

Ballesteros y otros miembros de su equipo investigados decidieron que la «institución idónea» para poder contratar a estas personas que trabajaran para el partido era el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona: tenía capacidad de contratación de forma autónoma, estaba gestionado por una persona de confianza del alcalde y tenía una dispersión de sedes, lo que dificultaba el control de la actividad de los trabajadores.

Los investigados decidieron que la mercantil Inipro serviría para contratar a personas para el partido, y que se le daría la apariencia de contrato relacionado con la promoción del asociacionismo entre la población recién llegada.

Entonces se fichó como delegado de dicha sociedad en Tarragona a un militante del PSC «deseoso de labrarse un futuro en el partido», puntualiza el juez.

Un coste de casi 300.000 euros

Para contratar a Inipro se siguió un procedimiento administrativo negociado sin publicidad por valor de 59.000 euros, el único sistema que podía asegurar que el contrato recayese en la mercantil, «un ardid tramado con la sola finalidad de beneficiar al PSC», con lo que según el juez se amañó el contrato para que recayera en la empresa previamente seleccionada.

Además, una vez agotado un primer presupuesto, el alcalde fue autorizando nuevos pagos a los trabajadores hasta diciembre de 2012, con un coste para las arcas municipales de 276.157,31 euros.

El juez también constata que las memorias de la actividad de Inipro de esos años fueron redactadas de forma «fraudulenta», al ser en realidad elaboradas desde el propio Instituto Municipal de Servicios Sociales y no por la empresa que prestaba servicios.

La investigación judicial se inició en noviembre de 2013 tras una denuncia de la CUP a la Fiscalía por presuntas irregularidades que recayó en el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona.