El PP recurre al Defensor del Pueblo para denunciar la dictadura lingüística en Mahón

El Partido Popular ha presentado al Defensor del Pueblo una queja contra el Reglamento de Usos Lingüísticos del Ayuntamiento de Mahón (Menorca) al considerar que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos y las bases que establece el Tribunal Constitucional en este ámbito.

Según el PP, el reglamento es inconstitucional porque prevalece la imposición del catalán sobre el castellano en 13 de sus 27 artículos, así como en la imposición del topónimo de la ciudad en catalán.

El PP de Mahón ha dirigido un escrito al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para que realice los trámites oportunos para que el consistorio mahonés modifique este reglamento aprobado en pleno municipal en mayo de 2017.

Solicita además al Defensor que, si los cambios exigidos no son incorporados, interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional.

A modo de ejemplo, los populares reseñan en su escrito que uno de los artículos establece que todos los registros y certificados se redactarán en catalán y otro que todas las comunicaciones que se realicen en los medios de radiodifusión y televisión gestionados por el consistorio serán en catalán.

En el artículo 21 se fija la prevalencia del catalán en la web municipal, cuando en opinión del PP debería ser bilingüe y permitir al usuario la posibilidad de elegir la lengua en la que quiere ser informado.

En el artículo 17 se concreta que las disposiciones municipales se redactarán en catalán y en el 16, que los contratos serán también en catalán. Además, los impresos serán en catalán y solo se facilitarán en castellano si lo pide el interesado, según el artículo 14, mientras que en el 4 da prevalencia a la lengua catalana en la atención al público.

El reglamento, se queja el PP, indica que se utilice el nombre oficial de la ciudad en catalán a pesar de que el nombre oficial es en catalán y en castellano: Maó-Mahón.

El partido de la oposición en el consistorio mahonés mantiene que el hecho de que el catalán sea definida como «lengua propia» del archipiélago en el Estatuto de las Islas Baleares no puede suponer un perjuicio para el castellano.

Por otra parte, en relación al uso del catalán en Baleares, la Abogacía del Estado ha anunciado la presentación de un recurso contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Pollença (Mallorca) del pasado 22 de febrero por el que la institución aprobó subvenciones a las empresas que utilicen solo el catalán para elaborar rotulación comercial, cartas y publicidad, por considerar que vulnera la Constitución.