El PP propone sancionar a los cargos públicos que lleven o pongan lazos amarillos en público

La proposición de ley de símbolos nacionales registrada este martes por el PP en el Congreso pretende garantizar la neutralidad de los espacios públicos y sancionar a cargos públicos y funcionarios por llevar puesto, colocar o incluso no retirar lazos amarillos, esteladas y otros símbolos partidistas considerados ofensivos.

La iniciativa aplica el régimen sancionador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que incluye la posibilidad de perder la indemnización y, en los casos más graves, hasta el cese del cargo público y la prohibición de ocupar otro puesto durante años. A los funcionarios y empleados públicos se les aplicaría el Estatuto de la Función Pública.

Se trata de la primera iniciativa legislativa que registra el PP en el Congreso con Pablo Casado de presidente y su presentación había sido anunciada por el líder del PP alegando la necesidad de regular la neutralidad de los espacios públicos para evitar que los propios ciudadanos tuvieran que retirar lazos amarillos.

Proteger al Rey, la bandera y el himno

Esta «proposición de Ley de Defensa de la Convivencia Social, la Neutralidad institucional y los Símbolos nacionales» tiene un doble objetivo: respetar la neutralidad de los espacios públicos, tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, y proteger tanto los símbolos nacionales (el Rey, las banderas de España y de las comunidades, el escudo y el himno) como los oficiales (la bandera europea y las enseñas y escudos provinciales y locales).

La iniciativa afecta principalmente a las autoridades públicas, tanto los altos cargos como los funcionarios, porque son quienes tienen potestades públicas. A ellos se les exige abstenerse de realizar, y también corregir en el acto, cualquier ofensa a los símbolos nacionales y oficiales, y ello incluye tanto llevar puesto lazos amarillos en sedes oficiales como colocarlos en espacios públicos (sedes institucionales, playas, rotondas), pero también negarse a retirar esos lazos o esteladas que ya están colocados.

Eso sí, y según ha precisado el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, de la denuncia por llevar lazos amarillos se limita al ejercicio del cargo público y sería aplicable al propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando se presenta en el Palacio de la Moncloa o en un acto oficial de la Generalitat con su lazo amarillo en la solapa. Y también se aplicaría a profesores o profesionales médicos en el ejercicio de su actividad en dependencias públicas, no así si están en un entorno privado.

Aval del Defensor del Pueblo

El PP cita las recientes afirmaciones del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, acerca de que «la libertad de expresión en instalaciones públicas tiene un límite en el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos y tiene su fundamento en que los ciudadanos que acudan a ellas tienen una pluralidad de posiciones sobre las más diversas cuestiones, todas las cuales deben ser respetadas».

Si incumplieran sus obligaciones, el PP propone aplicar a los altos cargos el régimen sancionador de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que van desde la amonestación en caso de infracción leve, una declaración de incumplimiento y la retirada de la indemnización por faltas graves o acumulación de leves, y hasta el cese y la prohibición de ocupar otro puesto entre cinco y diez años para violaciones flagrantes y dolosas. A los funcionarios, por su parte, se les aplicaría el Estatuto de la Función Pública.

Pero el PP también aboga por amonestar a los empleados públicos que incumplan su obligación de poner en conocimiento de las autoridades públicas la comisión de conductas prohibidas en la ley, que podrían ser sancionados por falta muy grave según el Estatuto del Empleado Público.

Excepción de los diputados

Esa exigencia de no llevar lazos amarillos tiene como excepción a los diputados y senadores en su actividad parlamentaria, dado que su labor disfruta de inviolabilidad.

Tampoco es aplicable, ha precisado Bermúdez de Castro, a la pitada al himno nacional o al Rey en un estadio, ya que se trata de un recinto privado que, en todo caso, ya tiene su propia regulación en la Ley contra la Violencia en el Deporte.