El PP propone una reforma electoral que dé el gobierno local al más votado

Javier Arenas
Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica del PP. (Foto: EFE)

El PP quiere impulsar una reforma electoral que asegure que en las ciudades gobierna la lista más votada, pues se trata de un factor «esencial para la proximidad y estabilidad de los ayuntamientos».

Es una de las propuestas que el partido que lidera Mariano Rajoy ha incluido en su ponencia económica y de administración territorial, en la que repasa ámbitos muy variados y en la que recupera una de sus apuestas: permitir que gobierne la lista con más votos, y así, evitar lo que le ha sucedido en Madrid o Valencia.

Ganó en ambas en las municipales de 2015, pero la unión de otras fuerzas le apeó del gobierno del Ayuntamiento.

Bajo la coordinación del vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas, el PP incluye en la ponencia económica y territorial varias propuestas de pactos de Estado o acuerdos nacionales: desde un Pacto de Estado por la Demografía a un Pacto Nacional del Agua, sin obviar un gran Acuerdo por la Ciencia.

También aborda la reforma del modelo de financiación autonómica, que pretende cimentar sobre los pilares de la igualdad o de la suficiencia financiera, y sobre la revitalización del sistema de Dependencia.

De hecho, los populares abogan por vincular la necesidad real de gasto de cada autonomía al gasto sanitario y al gasto social, y «de manera especial» al de la Dependencia.

En esta línea, el futuro sistema de financiación de las comunidades habría de procurar «un ritmo de crecimiento estable del gasto en servicios esenciales» a partir de la definición de una oferta común.

Sobre los entes locales, el Partido Popular exhibe una defensa cerrada y pide que se cambie su financiación en paralelo a la de las autonomías.

También quiere que gobierne la lista más votada previa reforma electoral, aunque justo después reconoce que para que cuaje esta propuesta necesita «un gran acuerdo».

Esa defensa de la administración local incorpora la de las diputaciones, que elogia por su papel en municipios pequeños y en zonas rurales. Señala que su existencia y mantenimiento no representan ningún «problema financiero».

Gran parte de la ponencia está dedicada a la política económica. El PP reconoce que acertó en el diagnóstico de situación que formuló en su anterior congreso, el de Sevilla en 2012, pero también que tuvo que tomar decisiones duras, incluso contrarias a sus promesas, por encontrarse un nivel de déficit por encima del previsto.

Ahora España es un país con menos paro y más puestos de trabajo, así como con saldo exterior positivo, aunque aboga por afianzar la recuperación.

Para ello resulta esencial continuar con la estabilidad presupuestaria y por «reforzar mecanismos de corrección de desvíos de déficit» y de control de gasto público. Recuerda, de paso, una promesa del Gobierno: estudiar cómo se aplica la regla de gasto.

Menciona el PP sectores económicos fundamentales en el futuro: aboga por un Acuerdo sobre la Ciencia que propicie que en 2020 representará el 2 por ciento del PIB, promueve la agenda digital con propuestas como la universalización de la telefonía 4G y alienta un Pacto de Estado por la Industria que sitúe este sector en el 20 por ciento de la economía española.

La palabra «pacto» es frecuente en la ponencia: impulsa un Pacto Nacional del Agua que, entre otros cometidos, ayudaría a afrontar mejor el riesgo de inundaciones, y otro Pacto de Estado por la Demografía para atender la baja natalidad y la alta esperanza de vida. Otra oferta de pacto es por la Conciliación y Racionalización de Horarios.

El congreso nacional de febrero ratificará un texto del que serán ponentes Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Alonso, José Ignacio Ceniceros y Xavier García Albiol.

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