El PP impone a Sánchez que la ‘nueva normalidad’ se negocie como ley para defender sus medidas sanitarias

El Congreso de los Diputados entró unido en el estado de alarma, donde todos los grupos apoyaron al Gobierno en una decisión histórica para atajar la pandemia del coronavirus, se fue agrietando a medida que el decreto se tuvo que ir prorrogando cada 15 días y ahora llega a la denominada ‘nueva normalidad’ con un acuerdo de amplia base en el que participan las dos formaciones del Gobierno junto al PP y Ciudadanos. Vox votará en contra porque entiende que las nuevas normas implican un recorte de las libertades individuales.

Para ganarse el apoyo del principal partido de la oposición, el Gobierno ha aceptado la propuesta del PP de tramitar las medidas que deberán regir hasta la finalización de la crisis sanitaria como proyecto de ley para poder introducir enmiendas, algo que también pretenden aliados de Pedro Sánchez como el PNV.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que la norma sometida a la convalidación del Congreso tiene dos objetivos: dotar a España de las medidas de prevención necesarias en la fase de ‘nueva normalidad’ y establecer los instrumentos legales y operativos que permitan la «respuesta común y coordinada» de todas las autoridades sanitarias.

Las condiciones del PP para apoyar la ‘nueva normalidad’ pasaban, como ha informado OKDIARIO, por que el Congreso pudiera debatir las medidas que Pablo Casado incluyó en el denominado ‘Plan Cajal’. Entre ellas, la creación de una Agencia Nacional para Coordinar el Sistema Sanitario. Un organismo que tendría como representantes permanentes de las autonomías, bajo un mando del Ministerio de Sanidad, a las autoridades sanitarias, que no sólo se tendrían que reunir en el Consejo Interterritorial sino también trabajar permanentemente por la salud pública. La Agencia contaría con una unidad específica de prevención y seguimiento de pandemias.

Además, el PP defiende que debe garantizarse el refuerzo de personal y de las infraestructuras en lo concerniente a la atención primaria, creando corredores desde las urgencias hasta las áreas específicas de hospitalización de los afectados por alguna enfermedad infecciosa.

Para los ‘populares’ es prioritaria la creación de un ‘pool’ nacional de profesionales sanitarios que se puedan desplazar a las zonas en las que se necesita un refuerzo para combatir algún tipo de pandemia, así como clarificar la situación de los médicos MIR y que cuenten con más plazas, también figuran en esa lista de condiciones.

También, la regulación de un plan Covid-19, no sólo para el seguimiento de los enfermos que se han curado pero que puedan tener secuelas importantes, sino también para elaborar actuaciones que disminuyan las listas de espera.

La nueva normalidad

MASCARILLAS. Son obligatorias para todas las personas mayores de 6 años en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los medios de transporte público. Las excepciones son para las personas que padezcan alguna discapacidad o enfermedad respiratoria por la que se contraindique el uso de estas protecciones, así como en actividades que sean incompatibles con la utilización de mascarillas, como la práctica de deporte o la ingesta de alimentos.

El incumplimiento de este artículo será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control.

DISTANCIA SOCIAL Y AFOROS. Se debe guardar en todo momento siempre una distancia de metro y medio respecto a las otras personas con las que no se conviva en el hogar. Esta distancia debe ser respetada por las empresas cuando organicen el regreso de sus trabajadores al puesto habitual, aunque el Gobierno sigue recomendando el teletrabajo siempre que sea posible.

En los hoteles, restaurantes, comercios, museos, bibliotecas o instalaciones para actividades deportivas, serán «las administraciones competentes» quienes deberán asegurar el cumplimiento de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas determinen. «En todo caso —señala también la norma—, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones.

LOS COLEGIOS. El decreto no se moja en uno de los asuntos que más preocupan a las familias españolas, desconcertadas sobre cómo comenzará el curso en septiembre. La norma establece simplemente que las administraciones educativas tienen que asegurar que se cumplan «las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan» y deberá asegurarse la adopción de las «medidas organizativas» para que no se produzcan aglomeraciones y se mantenga la distancia de seguridad.