Una senadora del PP acusa al Gobierno de «comprar un discurso de odio al hombre»

El día en el que concluye el plazo para que la sección penal de la Comisión de Codificación, órgano asesor del Ministerio de Justicia, presente sus propuestas para revisar los delitos sexuales en el Código Penal, la portavoz de Justicia del PP en el Senado, Esther Muñoz, ha criticado la idea que lanzó en su día la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

La criminalización del hombre 

«Conforme a lo que dice la señora vicepresidenta, yo podría haber sido violada en multitud de ocasiones», ha manifestado la senadora en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde ha comparecido el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz.

Muñoz ha subrayado su rechazo a la idea del «consentimiento expreso», ha mostrado su preocupación como mujer, como hermana de dos varones y como abogada y se ha preguntado si «los hombres no pueden ser agredidos sexualmente».

«El feminismo no es eso, no se defiende a las mujeres quitando derechos a la mitad de la población», ha manifestado para dejar claro que su grupo parlamentario «no comparte el discurso de odio a los hombres» del Gobierno.

Un asunto «muy espinoso»

A su juicio, la revisión de los delitos sexuales es un tema «muy peligroso y espinoso» y es necesario que el Gobierno rectifique. Ante su críticas, el secretario de Estado de Justicia ha subrayado la valía y la independencia de los expertos en Derecho Penal que forman parte de la Comisión de Codificación y ha señalado que el Gobierno valorará sus propuestas y tomará decisiones.

«Todo se va a contemplar con rigor jurídico y técnica jurídica», ha garantizado Dolz antes de precisar que, cuando se habla de víctimas, se habla tanto de hombres como de mujeres.

La Comisión de Codificación recibió el encargo de revisar los delitos sexuales tras la polémica suscitada el pasado abril por la sentencia de la Manada, cuyos integrantes fueron condenados cada uno a nueve años de prisión por delitos de abuso sexual a una joven en Sanfermines, pero no por agresión sexual, al estimar los jueces que no hubo violencia o intimidación.