La Policía entró por sorpresa en las oficinas de la SEPI semanas antes de la imputación a Plus Ultra

Agentes de la Unidad de la Policía Judicial de Madrid se personaron por sorpresa, el pasado 10 de mayo, en las dependencias de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ubicada en la milla de oro de Madrid, en la calle Velázquez, para entregarle un requerimiento judicial de la juez Esperanza Collazos en el que solicita un informe mensual del estado financiero de las cuentas de resultados de la aerolínea con accionistas chavistas, Plus Ultra, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez le concedió de manera presuntamente irregular 53 millones de euros, en plena crisis económica provocada por la Covid-19. Así consta en un informe policial al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Los policías cumplieron con la solicitud de la magistrada, que acaba de imputar a la aerolínea, para que la SEPI «proceda al cumplimiento de lo acordado, debiendo remitir la información que se solicita respecto de la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas SL». En concreto, la juez acordó que «la finalidad de dicha resolución es que por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se informe a este Juzgado si se está cumpliendo por parte de Plus Ultra el acuerdo suscrito en el punto 6.1 del mismo, es decir, presentando del uno al cinco de cada mes el estado financiero acumulado y proyecciones de la cuenta de resultados, de balance y de flujos de caja del mes anterior».

Sin embargo, tanto la compañía de accionistas venezolanos como la Abogacía del estado recurrieron dar traslado a la instructora de dicha información. Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan que ambos apuestan por «la opacidad en el procedimiento judicial» y por la «obstrucción a la justicia en una causa que lleva más de un año instruyéndose». Añaden: «Sobre todo, resultan llamativas las peticiones de los servicios jurídicos del Estado que no velan por el interés de su representado».

Imputación

Semanas después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid haya solicitado dicha información, la instructora ha citado a Plus Ultra en calidad de investigada como persona jurídica para que declare el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas.

La magistrada ha acordado interrogar por primera vez al representante legal de la aerolínea para esclarecer los hechos que darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación. Así, ha estimado la petición de Vox, que ejerce la acusación popular en la causa junto al PP y Manos Limpias.

Además, la juez ha considerado pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el Juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo.

Según indicaron fuentes jurídicas presentes en el careo entre peritos a esta agencia, los expertos aseguraron que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las mismas fuentes precisaron que los peritos del juzgado incidieron en que la compañía -apenas recibió la ayuda- procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana. Los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.