El Poder Judicial bendice a Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a 7

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el visto bueno a la propuesta de que Dolores Delgado sea la próxima fiscal general del Estado. La candidata de Pedro Sánchez ha recibido la aprobación de 12 vocales y el rechazo de 7 durante un Pleno en el que los magistrados y juristas que lo integran no han ocultado su indignación con los pronunciamientos del actual Gobierno sobre la Justicia española. La ausencia de dos de los vocales propuestos por el PP en 2013, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, ha decantado la votación a favor de la ex ministra de Justicia.

Nunca antes en la historia reciente de las designaciones del responsable del Ministerio Público en España, el candidato al puesto ha sido tan cuestionado por el CGPJ. De los 20 vocales que integran el Pleno del CGPJ, sólo 18 estuvieron presentes en el Pleno de esta tarde, junto con su presidente. Una de ellos, Pilar Sepúlveda, en videoconferencia desde Sevilla, algo inédito hasta la fecha. El resultado final han sido 12 votos a favor de Delgado y 7 en contra, descontando los dos ausentes, designados por el PP en 2013. Al voto favorable de los 9 miembros designados por PSOE, CIU, PNV e IU se han sumado el de Carlos Lesmes -como ya avanzó OKDIARIO- y de los vocales del grupo popular María Ángeles Carmona y Rafael Fernández Valverde. 

Varios miembros del Consejo han anunciado que presentarán votos particulares discrepantes con la decisión final adoptada en el informe emitido y otros avanzan votos concurrentes. Esto es, están de acuerdo con el resultado de la misma pero no con los argumentos de fondo utilizados para llegar a ella.

El anuncio del nombramiento de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado provocaba reacciones críticas contra Pedro Sánchez por parte de las principales asociaciones profesionales de la carrera judicial en España.

Lejos de superarse la polémica suscitada por la decisión del Gobierno socialista, las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una entrevista televisada donde asumió la designación y atacó a los tribunales españoles, hacían estallar al Poder Judicial. Varios miembros de su Consejo General -entre ellos algunos progresistas, que incluso fueron diputados del PSOE- emitían un comunicado pidiendo respeto y rigor institucional a Iglesias y La Moncloa salía, inmediatamente, en apoyo de su socio de Podemos.

El escenario, un «atropello a la separación de poderes», no ha sido el más favorable para que la institución abordase hoy el debate sobre nombramiento de la ex ministra de Justicia al frente del Ministerio Público.

Fuentes próximas al CGPJ señalan a OKDIARIO que su presidente, Carlos Lesmes, aupado al puesto por Mariano Rajoy –y que fue además director general de Objeción de Conciencia y de Relaciones con la Administración de Justicia de los gobiernos de José María Aznar–, apostaba por un dictamen «tranquilo» y manifestaba en los últimos días a sus compañeros su intención de avalar la designación de Dolores Delgado para el cargo. Ante lo cual, varios de los miembros conservadores del Consejo ya avanzaron que votarían en contra de la misma. La división estaba servida.

No es vinculante

La Constitución española establece en su artículo 124 la necesidad de que el CGPJ emita una opinión -que no es vinculante– sobre el perfil e idoneidad del candidato propuesto por el Ejecutivo para encabezar la Fiscalía General del Estado. Se trata de constatar si la candidata de Sánchez cumple con los requisitos de ser un jurista español «de reconocido prestigio» y «con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión». Hasta su nombramiento como ministra de Justicia, Delgado acumulaba más de 25 como fiscal de carrera en activo.

Pese a que la opinión mayoritaria del Consejo de los jueces no impide que Delgado sea nombrada formalmente y tome posesión de su cargo en los próximos días -una vez superado el trámite ante la Comisión parlamentaria de Justicia- la postura del CGPJ muestra, de manera inequívoca, el rechazo del Poder Judicial a los intentos del Gobierno de interferir en su independencia.