Podemos presiona al Supremo: defiende a los agresores de Alsasua en Europa con Bildu y el Sinn Féin

Un día antes de que el Tribunal Supremo revise la causa de los agresores de los dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en el año 2015, Podemos ha acudido junto al partido nacionalista irlandés Sinn Féin y los proetarras de Bildu al Parlamento Europeo para denunciar lo que consideran un “atropello judicial”.

Tres años después, el caso Alsasua llega a su última instancia judicial. Este miércoles la Fiscalía impugnará, en la vista pública de casación, los recursos de los condenados, que piden al Tribunal su absolución, y solicitará a los magistrados que ratifiquen las condenas impuestas a todos ellos por la Audiencia Nacional.

Por ello, horas antes de la posible resolución de la condena, Podemos ha acudido al Europarlamento a ejercer presión desde el órgano europeo sobre la justicia española. Los morados han ido de la mano Bildu y del brazo político del extinto grupo terrorista irlandés, IRA. Los tres partidos han acompañado a los familiares de los encausados para “denunciar el absoluto y desproporcionado atropello judicial”, según ha publicado el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán en su Twitter.

Podemos siempre se ha mostrado a favor de los jóvenes proetarras y ha expuesto un total rechazo a la actuación de la Justicia española en el caso. Uno de los más activos en este sentido ha sido precisamente Miguel Urbán, miembro de la corriente más radical de Podemos: los anticapitalistas.

Sin embargo, no ha sido el único en posicionarse. El partido ha acudido a las distintas manifestaciones para mostrar su apoyo.

Los hechos

El 15 de octubre de 2016, dos agentes de la Guardia Civil fueron agredidos por ocho personas en un bar estando fuera de servicio. Sus también fueron el blanco de los ataques de los radicales.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el pasado 1 de junio a los ocho acusados de la agresión a penas de entre 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

El pasado 7 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional confirmó las penas de prisión de entre 2 y 13 años para siete de los ocho radicales condenados. En su resolución, los magistrados desestimaron la tipificación de delito de terrorismo que había solicitado la Fiscalía, pero ratificaron el “agravante por discriminación ideológica”.